Redacción. Como parte personada en el proceso sobre la restauración de las marismas del Tinto, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado alegaciones ante la Audiencia Nacional posicionándose contra el informe del Ministerio de Medio Ambiente que califica de “idóneo” el proyecto de Fertiberia para el tratamiento de las balsas de fosfoyeso.
En el escrito remitido a la autoridad judicial, el Ayuntamiento manifiesta que dicho dictamen resulta “excesivamente precipitado y poco ponderado, por lo que insistimos en la necesidad de que la Sala, antes de dictar una resolución definitiva, pondere las alegaciones de todas las partes personadas en este procedimiento y, singularmente, tenga en cuenta los informes emitidos por el Comité de Expertos [constituido a instancias del Ayuntamiento y formado por investigadores de la Universidad de Huelva, especialistas en la materia], todo ello para la mejor salvaguarda del dominio público marítimo-terrestre y del medio ambiente a que todos los poderes públicos estamos obligados”.
Como ha señalado el portavoz del Equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Manuel Gómez Márquez, “el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto para que se contraste debidamente el proyecto de restauración ambiental de la zona, pues no queremos una solución idónea, sino la mejor para Huelva. Ante este problema no caben atajos”.
En esta línea, el Ayuntamiento se remite al informe de Urbanismo en el que ya se puso sobre la mesa la “contradicción” entre lo que prevé hacer Fertiberia con las balsas de fosfoyeso y “las previsiones del planeamiento urbanístico municipal”.
Como ya se trasladara a la Audiencia Nacional en el escrito remitido el pasado 22 de enero, el Ayuntamiento hace hincapié en que la autoridad judicial tenga en consideración el informe que haga la Comisión de Expertos creada en el seno de la Mesa de Participación impulsada desde el Consistorio. “Estos especialistas pueden arrojar más luz sobre la forma idónea de regenerar las balsas y, por tanto, hemos pedido que, antes de dictar sentencia firme, se espere a que se presenten estos trabajos”, ha incidido Gómez Márquez.
En esta línea, el portavoz del Equipo de Gobierno municipal ha recordado que el compromiso de dicha Mesa de Participación es abordar “no sólo el problema de las 700 hectáreas a las que se ciñe la sentencia de la Audiencia Nacional, sino la totalidad de las 1.200 hectáreas afectadas por estos residuos”.
