Redacción. Representantes de los tres sindicatos de la Mesa General de la Función Pública (CSIF, UGT y CCOO) han firmado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el acuerdo para la Defensa y Mejora del Empleo Público, mediante el cual la Administración se compromete a abonar el 25% de la extra 2012, reconocida por los tribunales y que sólo no se ha pagado a los empleados públicos andaluces, en la nómina de febrero de 2016, así como al desarrollo de la Ley del Empleo Público andaluz, a la recuperación de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012 y a la no contratación al 75% de la jornada en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
“Hemos logrado entre todos firmar un acuerdo que restituye derechos a los empleados públicos andaluces”, indica el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia. No obstante, el presidente de CSIF-A advierte de que su organización estará “vigilante para que el resto de puntos del acuerdo se cumplan durante la legislatura. Este acuerdo abre un nuevo espacio y un nuevo tiempo de diálogo y negociación entre los agentes sociales de referencia en Andalucía y la Junta, pero estaremos alerta para que todos los puntos y el desarrollo del acuerdo se cumplan”.
El acuerdo recoge, además del citado abono del 25% de la extra de 2012, la restitución del 10% recortado de los salarios del personal interino y contratado, el desarrollo de la Ley del Empleo Público andaluz, un compromiso para calendarizar todo lo recortado desde la Ley 3/2012 (el llamado Plan de Ajuste), la agilización del concurso de los funcionarios de la Junta de Andalucía para conciliar la vida familiar y laboral, así como la obligatoriedad de no contratar en el SAS a personal estructural al 75% de la jornada.
