Redacción. La Junta de Andalucía ha aprobado los decretos que regulan las ayudas sociales de carácter extraordinario para las personas beneficiarias de las pensiones asistenciales y no contributivas en 2015. Dichas ayudas, con un total de 18,4 millones de euros, aumentan un 2% respecto al ejercicio anterior y beneficiarán a 6.916 onubenses.
La primera de las aportaciones complementa las ayudas del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. Las personas beneficiarias, que seguirán percibiendo 149,86 euros mensuales, con un total anual de 2.098,04 euros (incluidas dos pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre), recibirán este año 1.141,48 euros anuales adicionales procedentes de la Junta, que serán abonados en cuatro pagas de 285,37 euros a ingresar en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Los onubenses beneficiados por esta medida en 2015 serán 181. El Gobierno andaluz destinará a este concepto en el conjunto de la comunidad autónoma una cuantía que asciende a 6,2 millones de euros.
Respecto a las pensiones por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, que el próximo año percibirán 6.735 personas en la provincia de Huelva, las ayudas complementarias aprobadas ascienden a un total de 12,1 millones de euros, con una percepción individual de 118,2 euros que se abonará en una paga única durante el primer trimestre del presente ejercicio.
En este caso, la medida se dirige a personas que, por la baja cuantía de su prestación y su bajo nivel de renta, conforman un colectivo en situación de riesgo de exclusión social.
Tanto en el caso de las pensiones asistenciales como en el de las no contributivas, las personas beneficiarias recibirán el importe de las ayudas complementarias sin necesidad de realizar solicitud previa; es decir, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales abonará de oficio los importes establecidos.
Las ayudas extraordinarias aprobadas se enmarcan en la prioridad que el Gobierno andaluz concede a las políticas sociales y a la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente la población afectada en el actual contexto de crisis económica y de ataques al estado del bienestar.
