Los abogados onubenses reciben un nuevo pago por el servicio de asistencia jurídica gratuita

Justicia Gratuita
Imagen de la Audiencia Provincial de Huelva. / Foto: stajcantabria.com.
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Redacción. La Consejería de Justicia e Interior ha realizado una nueva transferencia al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para el pago de la asistencia jurídica gratuita en la provincia de Huelva, con el abono de 481.643 euros correspondiente al último trimestre de 2013 y el primero de este año.
La Administración autonómica ha sufragado, concretamente, 365.723 euros por la prestación del turno de oficio que realizan los letrados onubenses inscritos en este servicio en el último trimestre del pasado año y 115.920 euros por las guardias que han llevado a cabo estos abogados en los tres primeros meses de este año.
Con esta nueva transferencia, son ya 978.783 euros los que ha abonado la Junta a los abogados y procuradores de esta provincia desde que se inició el pasado mes de julio un nuevo calendario de pagos, en cumplimiento del acuerdo alcanzado este año para sufragar las cuotas por la prestación de este servicio con un carácter bimensual.
Mediante este acuerdo y el nuevo pago, la Consejería de Justicia e Interior reafirma su compromiso con un servicio fundamental para la ciudadanía y pone de relieve el diálogo permanente que mantiene con los consejos andaluces de los colegios, como representantes de estos profesionales, para consensuar las fórmulas más adecuadas que garanticen este servicio y su financiación en la difícil coyuntura económica actual.
La Junta ha venido sufragando mensualmente desde principios de año diversas cantidades por la asistencia jurídica gratuita que han elevado el importe abonado en 2013 a más de 41 millones de euros por la prestación de este servicio en toda Andalucía, mientras que desde el pasado enero se han pagado ya a estos profesionales más de 35,5 millones.
Justicia e Interior asume los costes generados por el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del citado servicio.


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