Redacción. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha otorgado el primer paquete de ayudas a los mariscadores de a pie de la coquina del Golfo de Cádiz afectados por el cierre continuado de las zonas de producción de este bivalvo registrado durante el pasado periodo estival a causa de la presencia de la biotoxina DSP. En total, se han concedido 266.000 euros que, procedentes del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), beneficiarán a 266 profesionales, de los que la mayoría, 154, desarrollan su actividad en la provincia de Huelva.
Las subvenciones llegan a los mariscadores, según ha expuesto la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, después de que la apertura de los primeros enclaves del litoral onubense a la captura y comercialización de la coquina “nos haya permitido contabilizar con exactitud los días que los mariscadores se han visto obligados a detener su actividad”. Algo que ocurría, como ha recordado la delegada, el pasado 8 de octubre, una vez que el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya constatara la ausencia de biotoxinas y, por tanto, de riesgos para la salud por el consumo de bivalvos.
Josefa González Bayo ha puesto en valor la importancia de este apoyo a un sector que ha padecido durante el verano la desesperación de no poder salir a faenar y, en consecuencia, la imposibilidad de obtener una renta. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que “hemos sido muy sensibles siempre” con esta problemática, “estábamos atados de pies y manos”, porque “mientras los análisis no nos dieran resultados negativos no podíamos autorizar el marisqueo, ya que hacerlo significaría poner en peligro a la población o, lo que es lo mismo, un claro ejercicio de irresponsabilidad por nuestra parte”.
La delegada ha querido hacer referencia, en este sentido, a la procedencia de estas ayudas. “El dinero viene del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), vital para el presente y el futuro de la actividad extractiva y transformadora en nuestra provincia y en Andalucía”. Con estas palabras ha denunciado Josefa González Bayo el nuevo “maltrato” y “lo que lleva aparejado” que ha sufrido la región en su conjunto por parte del Gobierno central: “El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos arrebata 100 millones de euros (lo que equivale a una pérdida del 41,6 por ciento) en el nuevo reparto entre comunidades autónomas, algo para lo que no cabe justificación alguna, pues España va a recibir un 2,6 por ciento más”.
Plan contra el furtivismo
La delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, ha resaltado, además, el compromiso del departamento que dirige Elena Víboras y del Gobierno andaluz en pleno para poner cerco al furtivismo, una práctica que se ha agudizado en los últimos tiempos a causa de la crisis y el desempleo, tal y como lo demuestran las alrededor de 350 denuncias interpuestas por marisqueo ilegal entre junio y septiembre de este año. González Bayo ha puesto sobre el tapete la triple vertiente de estas actividades no autorizadas: “se llevan a cabo al margen de la normativa higiénico-sanitaria, merman la sostenibilidad de los recursos pesqueros y desestabilizan la actividad profesional de embarcaciones y mariscadores con licencia, poniendo así en cuestión la rentabilidad presente y futura del sector”.
Para contrarrestar esta amenaza, según ha continuado la responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, se ha constituido una mesa de trabajo para afianzar la labor de todas las administraciones competentes en la materia. El objetivo es, bajo sus palabras, el diseño de un plan de lucha contra la actividad furtiva del marisqueo, tanto a pie como desde una embarcación, para alejar (y concienciar de la necesidad de hacerlo) a las personas no autorizadas de los caladeros del Golfo de Cádiz, en especial, de las 13 zonas de producción de la costa de Huelva, en las desembocaduras y marismas de los ríos Guadiana, Carreras, Piedras y Guadalquivir.
La meta es “clara”, impedir la captura y distribución de moluscos bivalvos por personas que carezcan de licencia o autorización, evitar la entrada en la cadena alimentaria de moluscos procedentes de zonas cerradas por motivos higiénico-sanitarios o por vedas y controlar el cumplimiento de la normativa de etiquetado y trazabilidad en los centros de expedición o establecimientos de venta.
El éxito pasa, en este sentido, según resume Josefa González Bayo, por un incremento del control y la vigilancia por parte de los agentes de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica sobre el marisqueo a pie en las playas y en sus accesos durante las horas de bajamar; por la intensificación de la labor de los inspectores pesqueros en las embarcaciones de marisqueo y el mantenimiento de un exhaustivo control en pescaderías y establecimientos de venta al por menor; por un mayor control, por parte de los agentes de Control Sanitario Oficial (de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) de la documentación de los lotes (que no procedan de zonas prohibidas, que cumplan la normativa sanitaria) en los centros de expedición de moluscos; y, en lo que atañe a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, por acrecentar el control de la trazabilidad y el etiquetado por parte de los inspectores de consumo en pescaderías y establecimientos de venta minoristas, bares, restaurantes, kioskos y chiringuitos, así como sobre la venta ambulante callejera.
