Redacción. Con el propósito de seguir ofreciendo una atención integral a jóvenes y menores en alto riesgo de exclusión social, el presidente de Diputación, Ignacio Caraballo; y el presidente de la Fundación ‘Proyecto Don Bosco’, Ignacio Vázquez, han firmado esta mañana la prórroga por un año de vigencia del convenio de colaboración para el desarrollo del Programa de Pisos de Acogida. En el acto también ha estado presente la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas.
Según ha explicado Caraballo las dieciséis plazas conveniadas se encuentran actualmente ocupadas por siete menores de 16 y 17 año; y nueve jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y 23 años. A excepción de uno de ellos, que se encuentra en la primera fase de acogida, el resto está desarrollando o ha superado la fase de formación, encontrándose ya tres de ellos en la etapa de inserción sociolaboral.
Los presidentes de ambas instituciones han coincidido en resaltar la importancia de seguir ofreciendo este recurso residencial destinado a la integración sociolaboral y el logro de la autonomía personal de menores y jóvenes a partir de 16 años, con graves problemas sociofamiliares, que necesitan la separación familiar y la convivencia en otro contexto donde poder desarrollar un proyecto socioeducativo personalizado e individualizado.
Los jóvenes, que permanecen en el programa un tiempo medio de dos años y diez meses, conviven en cuatro pisos situados en la Barriada de la Hispanidad de la capital. Allí cuentan con el personal necesario para su atención integral y el logro de los objetivos del programa, que son la inserción sociolaboral y la autonomía personal, mediante la formación profesional, el fomento del empleo y la promoción cultural.
El Programa de Pisos de Acogida tiene 4 fases de desarrollo. La de acogida, que dura tres meses; la de formación, de dos meses; la de inserción laboral, de dieciocho meses; y la fase de emancipación, con una duración de entre seis meses y un año. El acceso a este programa se produce a través de los equipos profesionales de los 9 Centros de Servicios Sociales Comunitarios de las zonas de trabajo social de la provincia, que derivan los casos a la responsable provincial del programa, que es la que asigna el recurso en base a criterios técnicos establecidos. Los beneficiarios del programa, además de encontrarse en alto riesgo de exclusión social, deben tener capacidad de reeducación y no encontrarse pendientes de resolución judicial.
