Redacción. La Junta de Andalucía mantiene las partidas destinadas al funcionamiento de los servicios sociales comunitarios de los municipios onubenses, con una inversión de un total de 2.113.142,79 euros, a través del Plan Concertado. Se trata de la misma cantidad que la administración autonómica invirtió en este capítulo el año pasado y va dirigida a garantizar la red de servicios sociales con que cuenta la Diputación y los ayuntamientos de la provincia de Huelva de más de 20.000 habitantes, cuya finalidad es ofrecer en condiciones de proximidad, accesibilidad y transversalidad una serie de prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad.
A diferencia de la Junta, para este plan en Huelva, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destina sólo 311.410,41 euros, que aún están pendientes de aprobación por Acuerdo de Consejo de Ministros. Desde 2011, el Gobierno central ha reducido la dotación económica en este ámbito en un 68%.
De forma detallada, de la partida total consignada por la administración autonómica, el Ayuntamiento de Huelva recibirá 526.037,19 euros, la Diputación 1.052.785,88, el Ayuntamiento de Almonte 120.490,50, el Ayuntamiento de Ayamonte 116.693,88, el Ayuntamiento de Isla Cristina 118.620,09, el Ayuntamiento de Lepe 96.565,39 y el Ayuntamiento de Moguer 81.949,86.
En cuanto al Gobierno central, su aportación al Ayuntamiento de Huelva para el Plan Concertado durante este año es de 107.237,96 euros, 175.959,95 en el caso de la Diputación, 22,85 para el Ayuntamiento de Almonte, 24,80 al de Ayamonte, 22,97 al de Isla Cristina, 14.444,99 al de Lepe y 13.696,89 al de Moguer.
La orden de distribución de estas cantidades se encuentra publicada desde finales del mes pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Plan Concertado. Los servicios sociales comunitarios constituyen la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales en Andalucía, desde el cual se ofrece información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.
En 1988, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una serie de convenios-programas a las comunidades autónomas con el objetivo de garantizar que todas tuvieran una red de servicios sociales municipales que permitiera ofrecer en condiciones de proximidad, accesibilidad y transversalidad unas prestaciones básicas a los ciudadanos que sufren situaciones de vulnerabilidad.
En Andalucía este convenio de cooperación se suscribió en mayo de 1988 y se ha ido prorrogando ininterrumpidamente desde 1989 hasta la fecha.
En virtud del mismo, durante todos estos años, el sistema público andaluz de servicios sociales ha tenido como estructura básica la de los servicios sociales comunitarios, una herramienta asistencial que está asentada en los municipios y las diputaciones provinciales y que, con zonas de trabajo social que lo conforman, constituyen la red social de atención primaria en la comunidad autónoma.
