Redacción. La Junta de Andalucía incrementa este año en un 10% su apor-tación a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y la Diputación para el desarrollo en Huelva del Programa de Ayudas Económicas Familiares (AEF), una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cuyo fin es prestar apoyo a familias con menores a su cargo en situación de riesgo de exclusión social a través de la concesión de subvenciones.
Entre las novedades del programa para 2014, se contempla la distribución de una partida de 393.798,90 euros entre las corpora-ciones locales onubenses con competencias en materia de servicios sociales de cara al desarrollo del mismo. De esta cuantía, el Ayuntamiento de Huelva recibe 108.121,21 euros, 24.653 el de Lepe, 18.905,24 el de Isla Cristina, 21.843,94 el de Almonte, 17.293,52 el de Ayamonte y 18.368,97 el de Moguer, mientras que a la Diputación se le dan 184.613,02 euros para ofrecer estas ayudas en el resto de la provincia. La concesión de estas cantidades se realiza mediante la firma de convenios entre la administración autonómica y las corporaciones.
El incremento de la inversión prevista por el Gobierno andaluz en este apartado, por encima de los 35.000 euros en comparación con la edición del año anterior, forma parte de las líneas estratégicas promovidas dentro del Decreto de Inclusión recientemente aprobado por la Junta con vistas a paliar el impacto de la crisis entre los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas sin prestación y familias con todos sus miembros en paro. Se trata de unas medidas que dan continuidad a las que ya se venían ejecutando con anterioridad en este mismo ámbito.
De hecho, en el caso específico del Programa de AEF, la dotación presupuestaria de la administración andaluza se ha triplicado en los últimos dos años, lo que se ha traducido en un importante incremento en paralelo de su capacidad de cobertura. Así, de las 369 familias y 761 menores que se beneficiaron en 2012 de estas ayudas se ha pasado a las 827 familias y 1.597 menores que las recibieron el año pasado.
Definición y población diana. El Gobierno andaluz viene ofreciendo ininterrumpidamente desde el año 1998 el Programa de Ayudas Económicas Familiares y representa una muestra más de su firma apuesta por potenciar la atención a las familias con necesidades y a la población infantil en situación de riesgo. Su coordinación corre a cargo del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Bienestar Social y los servicios sociales comunitarios vinculados a los entes municipales.
Se definen como ayudas económicas familiares a aquellas pres-taciones temporales, tanto dinerarias como en especie, que se entregan a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su finalidad es la prevención, reducción o supresión de factores que generan situaciones de dificultad social para los menores, de manera que se evite su institucionalización y se posibilite a la vez su integra-ción en el entorno familiar y social. En estos casos, estas ayudas implican una intervención social complementaria que repercute en el nivel de bienestar de los menores.
La población a quien van destinadas son los padres, madres o tutores legales de los menores cuando concurren los siguientes aspectos: carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de niños a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado; presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar; existencia de un programa previo de intervención familiar; pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los servicios sociales comunitarios, comprometiéndose a cumplir los objetivos establecidos en el programa de intervención.
Junto a la carencia de recursos y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas, el perfil familiar también se caracteriza por la existencia de desajustes convivenciales que revelan factores de riesgo previamente diagnosticados por los servicios sociales. Por lo general, estas familias presentan la siguiente radiografía: escasos apoyos familiares y sociales; falta de habilidades parentales; desempleo de larga duración o inestabilidad laboral; vivienda con déficits y condiciones inadecuadas o cambios frecuentes de domicilio; núcleos desestructurados por separación, divorcio o ausencia prolon-gada de alguno de los progenitores; presencia de patologías en los cuidadores principales; toxicomanías; problemas de salud, y escasa formación, entre otras dificultades.
Criterios técnicos. A la hora de priorizar la aprobación de estas ayudas extraordi-narias se tienen en cuenta diferentes criterios como que las familias sean numerosas; monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y el cuidado de los menores; alguno de sus integrantes presente una discapacidad igual o superior al 33% o esté en situación de dependencia, y tengan menores que se acaben de reintegrar a su familia de origen tras un periodo de institucionalización o se encuentren en un proceso de reunificación a punto de concretarse.
Para determinar la falta de recursos se establece también que el importe máximo de los ingresos del conjunto de personas que integran la unidad familiar sea inferior a unos umbrales económicos definidos en función del número de miembros. En este sentido, se toma como referencia el IPREM anual, fijado para el presente 2014 en 6.390,13 euros.
Trayectoria. La experiencia acumulada en los últimos años demuestra la alta efectividad de esta actuación. De hecho, al tratarse de situaciones de riesgo detectadas en un nivel de atención primaria, gracias al apoyo económico se consigue dar respuesta a las situaciones de dificultad familiar y se logran, por tanto, los objetivos marcados.
Por otro lado, asimismo es importante señalar que las familias atendidas dentro de esta iniciativa participan en otros proyectos de intervención cuya finalidad es la mejora de las habilidades parentales en el cuidado y atención a sus hijos. Entre estas actividades destacan talleres de cocina, de cuidados básicos a la infancia, de organización doméstica… impartidos por la red de servicios sociales comunitarios de la provincia.
En paralelo a estas subvenciones, desde los municipios existen otros tipos de ayudas económicas de emergencia social mediante las cuales se solucionan distintas necesidades diarias básicas que tienen las familias con menores con dificultades económicas (pago de facturas de agua, electricidad, alquiler, etc.), no requiriéndose de una intervención social complementaria.
Tanto la mejora en la gestión del programa, priorizándose las necesidades más básicas (alimentos, farmacia, ropa, pañales…) rela-cionadas con la atención directa de los menores (incluso algunos municipios han canalizado a través de los bancos de alimentos estas ayudas de primera necesidad), como el incremento en la aportación económica, han posibilitado el aumento paulatino en el número de familias y menores atendidos en los últimos años.
