Redacción. Con la contratación por parte de los 72 ayuntamientos onubenses adheridos al Plan Especial de Empleo para familias en Situación de Vulnerabilidad Social Sobrevenida, finaliza este programa extraordinario dotado con un millón de euros y destinado a paliar los efectos negativos que la crisis económica está produciendo en las familias más vulnerables de nuestra provincia.
Todos los ayuntamientos onubenses menores de 20.000 habitantes, han participado en este programa, cuyo impacto en las familias beneficiarias será objeto de un estudio elaborado por los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación. La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas valora de forma”muy positiva” el desarrollo de este plan, que cumple la doble misión de “evitar situaciones de riesgo y exclusión social, y de posibilitar el acceso al mundo laboral”.
Las 1.799 personas finalmente contratadas, cifra que ha superado las previsiones iniciales de contratación, dicen mucho, según la diputada, de la eficacia de estas medidas extraordinarias de empleo, enmarcadas en el Plan Provincial de Acción Social con el que la institución provincial apoya a las familias y colectivos más necesitados de la provincia. Cárdenas considera que ante el impacto de la actual crisis económica, que en términos de pobreza o riesgo de exclusión social afecta a un 25% de la población onubense, “resulta evidente la obligación de las administraciones públicas de impulsar medidas dirigidas a evitar o paliar la cronificación de esta vulnerabilidad social. En este contexto se incardina este programa extraordinario de contratación temporal, que se une y complementa con otros servicios y programas que ofrecemos desde el Área de Bienestar Social, como las ayudas a través del Economato ‘Resurgir’, las ayudas económicas familiares, las de emergencia social, etc., destinadas a incrementar los factores de protección personal, familiar y social de las unidades familiares en situación de vulnerabilidad social”.
Los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación han sido los encargados de valorar y seleccionar a las 1.799 personas que posteriormente han sido contratadas por los ayuntamientos. Personas víctimas de la crisis que se encuentran en riesgo de exclusión social, especialmente pertenecientes a unidades familiares con menores y familias monoparentales. La duración de los contratos oscila entre los 15 días y los tres meses, siendo la media de contratación de un mes.
Las aportaciones que Diputación ha realizado a los ayuntamientos, según criterio de población y número de demandantes de empleo, oscila entre los 5.000 euros de Cumbres de Enmedio y los 24.500 euros de Aljaraque.
Está previsto que sobre finales de septiembre esté finalizado el estudio sobre el impacto que el Plan ha producido en sus beneficiarios. El estudio mostrará en qué forma ha repercutido en la situación de vulnerabilidad o exclusión social de estas familias, en qué situaciones se encuentran, cuántos menores viven en su seno, etc.
