Redacción. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha visto obligada a cerrar al marisqueo las zonas de producción de Punta Umbría y el espacio marítimo de Doñana. La decisión se ha tomado después de que los continuos análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya han detectado de nuevo la presencia de la biotoxina DSP en estos dos puntos del litoral onubense, con el riesgo que ello conlleva para la salud por el consumo de bivalvos procedentes de estas aguas.
La actividad sí sigue autorizada, en cambio, en las zonas de producción de Matalascañas, cuya apertura se decretó en el día de ayer, y en Isla Canela y la Desembocadura del Piedras, donde los mariscadores cuentan con la luz verde para faenar desde la pasada semana. En el resto del caladero de la costa de Huelva permanece prohibida la extracción de coquina hasta que la permanente toma de muestras y los análisis posteriores tanto de los moluscos como del agua constaten que tampoco hay peligro alguno para la ciudadanía por la ingesta de coquinas procedentes de sus aguas.
Hay que recordar, en este sentido, que el cierre preventivo de los caladeros cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente se enmarca dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural hace hincapié, en esta línea, en que el marisqueo sin licencia está prohibido en cualquier momento y conlleva una sanción de carácter “grave”, calificación que en el caso de que la actividad se desarrolle en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios se eleva a “muy grave”. Así, las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).
