Redacción. El Ayuntamiento de Huelva estima que alrededor de unas 75 viviendas construidas sin permiso oficial en suelos no urbanizables del término municipal de Huelva, podrán regularizar su situación. A ellas, podrían sumarse naves e instalaciones agropecuarias, que tras su regularización podrían implementar una nueva actividad. Es el resultado del análisis realizado en la Concejalía de Desarrollo Urbano tras elaborar un detallado inventario de este tipo de viviendas, tras localizar y catalogar edificaciones aisladas y hacer un registro de las mismas en más de 10.402,87 hectáreas calificadas como suelos no urbanizables, dentro de las 14.879 hectáreas en las que se cifra la superficie total del término municipal de Huelva. Se trata de construcciones localizadas principalmente en zonas y parajes de La Ribera, Peguerillas, La Alquería, Valcasado, El Palmar, San Antonio, Valle Escusa, Pajaritos o el entorno del Cementerio.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2002, el tratamiento de los suelos no urbanizables, adquiere un contenido propio, abandonando el tradicional carácter residual que le otorgaban las anteriores legislaciones urbanísticas, relegándolo exclusivamente a usos relacionados con las actividades ganaderas o agropecuarias permitidas. Tras la entrada en vigor de este decreto, el Ayuntamiento de Huelva ha trabajado en la aprobación de diferentes documentos de planeamiento y ordenanzas necesarias para la regularización de este tipo de inmuebles en el término municipal onubense.
De esta forma, se ha establecido un mecanismo para hacer viable lo que de otro modo sería imposible: la regularización de unas viviendas, naves o instalaciones agropecuarias que tendrían que ser derribadas si se aplicara estrictamente la legislación vigente. Se trata del reconocimiento de una realidad, ya que son edificaciones antiguas, disconformes con el ordenamiento vigente, que fueron construidas sin permiso oficial, pero sobre las que la Administración ya no puede actuar porque se lo impide la propia Ley, al haber prescrito la infracción urbanística, es decir, por haber transcurrido el plazo permitido para que la Administración inicie el expediente de restablecimiento de la legalidad.
El objetivo último es dotar de seguridad jurídica a los propietarios de este tipo de edificaciones, mediante su acceso al Registro de la Propiedad. La regulación jurídica, en definitiva, de estas edificaciones que facilitará asimismo las transacciones inmobiliarias, garantizando a sus dueños o posibles compradores las características jurídicas de las viviendas, así como la posibilidad de hipotecarlas, transmitirlas o implementarlas, convirtiéndolas en bienes tangibles.
Con el desarrollo de estas ordenanzas, el Ayuntamiento de Huelva pretende ofrecer una solución a una realidad social, económica y medioambiental, que afecta al interés general y a los legítimos intereses de muchas familias onubenses, ofreciéndoles un régimen jurídico a las edificaciones que cumplan determinados requisitos, principalmente relativos a la habitabilidad, seguridad, salubridad y ornato público, así como a la protección medioambiental.
Para establecer esta garantía, los propietarios deberán presentar un proyecto técnico que describa las características del inmueble y cumplimentar con las correspondientes tasas del 5% aplicadas sobre el coste real de la edificación. Tras su análisis los técnicos deberán dictaminar la declaración de fuera de ordenación o asimilable a fuera de ordenación, previa ejecución de las obras pertinentes para el cumplimiento de los requisitos en caso de que fuera necesario. Esta declaración, dará vía libre a los propietarios para inscribir su vivienda en el registro de la propiedad.
