Redacción. La Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado ‘Temisa’, que permitirá agilizar los trámites en esta materia y avanzar en los pagos que la Administración autonómica realiza periódicamente por este servicio a los más de 500 abogados y medio centenar de procuradores de la provincia de Huelva.
La Consejería y los Colegios de Abogados han coincidido en resaltar los múltiples beneficios que aporta esta nueva herramienta y los positivos resultados obtenidos en el período de pruebas en el que se encuentra actualmente. Esta nueva aplicación tiene como objetivo mejorar la gestión del programa de asistencia jurídica gratuita y homogeneizar al mismo tiempo toda la información aportada por los abogados y procuradores encargados de la prestación de este servicio fundamental para la ciudadanía.
Se trata de una aplicación tecnológica que contribuye a agilizar los tiempos de tramitación de los pagos por este servicio y también de los procedimientos de reconocimiento de este derecho para la ciudadanía, además de garantizar un mayor control del gasto destinado a dichos servicios por parte de la Administración autonómica.
Los abogados y procuradores andaluces podrán presentar los escritos de justificación de los casos atendidos en materia de justicia gratuita desde sus propios ordenadores, lo que facilitará de esta forma toda su tramitación.
Esta herramienta está configurada por dos subsistemas, uno destinado a los trámites de gestión de los pagos por los servicios prestados por justicia gratuita –que estará a pleno rendimiento en el segundo semestre de este año- y otro dirigido a los procedimientos de reconocimiento de este derecho, que estará en marcha a finales de año. Temisa culminará así su período de pruebas durante este año.
Este avance tecnológico en la gestión de la justicia gratuita contribuirá a mejorar la prestación de este servicio esencial para la ciu-dadanía, al tratarse de un derecho básico que garantiza la representación letrada de los ciudadanos en procesos judiciales. Con su financiación, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación.
