El gasto en el alquiler de sedes judiciales en la provincia de Huelva se reduce un 40% en dos años

En la actualidad, hay cuatro sedes bajo régimen de alquiler en Huelva.
En la actualidad, hay cuatro sedes bajo régimen de alquiler en Huelva.
La cuantía corresponde a parte de los servicios prestados en el primer trimestre de 2013.
Se ha reducido el importe de cuatro arrendamientos.

Redacción. La Consejería de Justicia e Interior ha ahorrado 208.397 euros en los dos últimos años en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Huelva, lo que supone una reducción del 41,5% del gasto destinado a estos arrendamientos. En concreto, se ha pasado de un gasto de 502.071 euros en 2011 a 293.674 en 2013.

Para conseguir esta reducción de gastos, la Consejería de Justicia e Interior ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de cuatro sedes judiciales en la provincia de Huelva ubicadas en Ayamonte y en la capital onubense. Este ahorro ha sido posible gracias a los positivos resultados del proceso de negociación que la Junta mantiene con los propietarios de los edificios judiciales en régimen de alquiler, una negociación cuyo coste económico registra una evolución a la baja en consonancia con la realidad presente del mercado inmobiliario y con los precios vigentes actualmente, que reflejan un valor inferior al de años anteriores.


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El objetivo de propiciar mayores ahorros en estos contratos de alquiler ha sido uno de las prioridades del Gobierno andaluz en los últimos años, una estrategia que se ha visto plasmada y reforzada de manera especial tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014

Este plan nace del compromiso asumido por el Gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria y control del déficit para todas las Administraciones Públicas.


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La programación de las infraestructuras judiciales ha estado presidida en los últimos años por una apuesta firme por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y por una progresiva disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública. Esta iniciativa se sitúa también en el objetivo del Gobierno andaluz de impulsar la modernización de los edificios judiciales en Andalucía.

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