Sapiensity / @Sapiensity. El concepto “Smart City” es sinónimo de calidad de vida porque implica la prestación de servicios de forma mucho más accesible a nuestros ciudadanos.
Estos nuevos modelos están sujetos a indicadores que igualmente se emplean en la medición de la prosperidad, la productividad, calidad de vida, igualdad, sostenibilidad ambiental, entre otras.
En Europa se viene constatando cómo nuestra población envejece lentamente: la mejoras de múltiples factores están provocando un aumento de la esperanza de vida. Esta realidad está suponiendo un reto para los gestores de las ciudades porque éstas se enfrentan a modelos urbanísticos, formatos de participación, prestación de servicios y un sinfín de cuestiones totalmente nuevas que deben redundar en una nueva forma de satisfacer las necesidades concretas de este gran porcentaje de la población.
En ese sentido, las tecnologías vinculadas a los sensores están llamadas a convertirse en grandes protagonistas a la hora de recopilar datos, por su ubicación en puntos estratégicos de las ciudades. Es más, muchos hogares, y en especial aquellos habitados por personas dependientes o con algún tipo de minusvalía o limitación, están incorporando soluciones innovadoras para poder detectar incidencias o situaciones extremas que requieran de respuestas rápidas y coordinadas.
Las personas mayores nos sorprenden porque en muchas ocasiones son subestimadas en relación a las tecnologías. Hoy por hoy, podemos decir que se han convertido en un gran público que incluso suponen un “target” muy importante para operadoras de comunicaciones y están presentes en las estrategias de las grandes marcas vinculadas a la tecnología, como por ejemplo la Fundación Vodafone.
Nuestros mayores, o simplemente, la población senior, devengan derechos a formar parte de su entorno y a que se les facilite su integración.
Los mayores necesitan dicha adaptación porque:
– les supone la constatación de su propio esfuerzo por familiarizarse con los nuevos “aparatos”
– les mejora la calidad de vida dado que les permite satisfacer sus necesidades.
– les permite una mejor integración familiar y la ampliación del círculo de amistades.
– favorece su autonomía como personas independientes dado que pueden acceder a recursos que les vengan bien a su vida diaria.
– estimula la actividad cognitiva, reduciendo así la probabilidad de retrasar enfermedades como el Alzheimer.
– se les asegura el apoyo social y la propia teleasistencia cuando se trata de mayores que deben permanecer en su residencia habitual por motivos de salud.
En un entorno en el que los dispositivos móviles de comunicación están ampliamente extendidos, la monotorización y el control de las condiciones propias de salud, las relaciones personalizadas con los profesionales a través de la telemonitorización, los dispositivos de alarma conectados a un centro de respuesta que actúa en caso de urgencia, el control en la toma diaria de medicamentos, etc. son aspectos que, a través de las TIC, están al alcance de un creciente número de personas.
El perfil de las personas que incluyen un dispositivo TIC en su vida va desde personas que viven solas con una vida totalmente autónoma hasta personas que, por la fragilidad de su salud o de su capacidad de autonomía, requieren de un soporte, aunque sea virtual, para poder sentir la seguridad de estar arropados en caso de necesidad. Por tanto, la resolución de situaciones de urgencia ha sido la base del desarrollo de la telecare o teleasistencia como la conocemos todos. En este momento, en España, según datos del Imserso, más 600.000 personas reciben este tipo de servicio, bien sea público o privado, muy mayoritariamente, personas mayores o muy mayores (el 7,5 % de las personas mayores de 65 años son usuarios de este servicio).
Volviendo al principio del artículo, España ocupa el lugar número 22 en el ‘Índice Global de Envejecimiento 2013’, que mide la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el mundo y que advierte de que con cerca de 900 millones de personas mayores de 60 años, es urgente tomar medidas para luchar contra la pobreza en la vejez y para hacer frente a la discriminación por edad y al abuso a los derechos de las personas mayores.
