Redacción. La Junta Arbitral Provincial de Consumo, cuyos servicios se prestan a través de la Diputación de Huelva, ha resuelto el pasado 2013 un total de 235 solicitudes de arbitraje mediante procedimiento reglado, a las que hay que sumarle la cifra muy superior de reclamaciones que no se cursan a través del arbitraje de consumo pero que sí se atienden por la Junta Arbitral Provincial mediante atención telefónica y presencial en la sede de Diputación. En los últimos años se han fomentado notablemente las mediaciones, beneficiándose con ello tanto el consumidor como las empresas.
En cuanto al contenido, se han atendido reclamaciones de muy diverso índole, destacando este año las relativas al sector financiero, como reclamaciones sobre participaciones preferentes, eliminación de cláusula suelo en las hipotecas, resolución de contratos abusivos, así como a las del sector de seguros (no cubrimiento de la póliza, resistencia a dar de baja a los usuarios…).
No obstante, el sector que más reclamaciones ha generado sigue siendo el de las telecomunicaciones, en el que la Junta Arbitral Provincial cuenta con la mayor parte de empresas adheridas (Vodafone, Movistar, Yoigo, Orange…). Los problemas que más conflictos suscitan las operadoras telefónicas suelen ser de facturación, ausencia de servicios, cobros indebidos y cesión de datos a registros de morosos.
Un pilar básico para que el procedimiento arbitral tenga éxito es la adhesión de empresas al sistema, lo que permite compeler al reclamado a que responda del procedimiento que se insta frente a él. La Junta Arbitral de la Diputación cuenta con más de 3.400 empresas adheridas al sistema, algunas de ellas de gran repercusión a nivel provincial y nacional.
La Junta Arbitral Provincial atiende a los 79 municipios de la provincia, tanto los que cuentan con Oficinas de Información al Consumidor (OMIC), 21 en total, como los que no cuentan con este organismo. Los municipios que tienen OMIC, remiten las solicitudes a través de estas oficinas, pero la Junta Arbitral Provincial recepciona también las reclamaciones que presentan presencialmente los consumidores.
