Redacción. Los colegios profesionales de Abogados y Procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública 496.122,95 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Huelva durante el tercer trimestre. El abono se ha realizado en menos de 15 días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta, trámite para el que los colegios han contado con todo el mes de octubre.
En concreto, a los procuradores les corresponden 36.490,48 euros por los servicios del turno de oficio entre julio y septiembre, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.
En el caso de los abogados, la cuantía es de 459.970,07 euros: 259.538,07 euros por las asistencias prestadas en el turno de oficio y 200.432 por las guardias.
Las retribuciones por las guardias se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas, aprobada el año pasado y aplicada desde enero. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados, especialmente para el turno de violencia de género.
Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientra se elaboraba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto, consensuado con los colegios profesionales, ha sido aprobado recientemente y se aplicará a las asistencias realizadas a partir del 1 de enero de 2024.
“Era un compromiso con los profesionales cuya labor es fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de todos los onubenses independientemente de sus ingresos”, ha defendido la delegada territorial de Justicia, Carmen Céspedes.
En este sentido, ha recordado que la pasada legislatura, la Consejería cambió la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.
Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, “que son la mayoría”, y en un segundo plazo aquellas que tienen que corregir algo en la documentación. Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes).
