Redacción. La Junta de Andalucía invertirá 328 millones de euros en la recompra de 70 edificios institucionales, repartidos por toda la región, que se vendieron en 2014 a la empresa Inversiones Holmes lo que supondrá un ahorro global para las arcas de la Administración Autonómica de más de 100 millones de euros en 10 años. En Huelva, la denominada operación Holmes, afectará a nueve sedes administrativas en las que la Junta gasta actualmente 2.195.074,44 euros anuales en concepto de alquiler.
Así lo ha detallado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, para quien esta operación “supone gastar el dinero de una forma más eficiente, eficaz y lógica, de acuerdo con los intereses generales, y poner fin a una situación claramente abusiva y perjudicial para la economía de nuestra tierra”.
Correa, que ha estado acompañado por la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez, ha incidido en que esta compra, negociada desde el Gobierno andaluz, “termina con un problema vitalicio creado por una mala gestión, ya que ese contrato tenía cláusulas claramente contrarias al interés de los andaluces”. “La compra de estos edificios se amortizará en menos de una década. En 10 años habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra y el dinero que ahorramos los dedicaremos a otras prioridades que redundan directamente en la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluces”, ha añadido el máximo responsable de la Junta en la provincia.
Por su parte, Lucía Núñez ha asegurado que esta operación pone fin a un “contrato nefasto” que en Huelva afecta a 669 efectivos y que ya en el 2017 la Cámara de Cuentas anunció sus “graves perjuicios para la Junta de Andalucía”. “El Gobierno de Juanma Moreno los pone en valor y recupera como parte no sólo de su patrimonio sino del de todos los andaluces”, ha apostillado. Para la responsable de Hacienda, “no tiene sentido mantener edificios vacíos, que no tienen uso y vender sedes administrativas con uso, con vida, y que actualmente le dan respuesta a todos los técnicos de servicio de atención al ciudadano”.
El acuerdo, que el Ejecutivo andaluz firmó en 2014 con la empresa Inversiones Holmes, propiedad del fondo WP Carey, supuso que la Administración autonómica ingresó 300 millones para hacer frente a un problema de liquidez y la obligaba a alquilar esos mismos edificios durante al menos 20 años. Pasado el tiempo se tendría que renegociar un nuevo alquiler o buscar una solución para reubicar a más de 8.600 empleados públicos que desempeñan su labor diaria en estos edificios.
Ese contrato también establecía que serían los tribunales de Londres los encargados de dirimir cualquier conflicto entre el propietario, en este caso Inversiones Holmes, y el inquilino, la Junta de Andalucía, y también hacía recaer en el arrendatario y no en el arrendador la mayor parte de los costes de mantenimiento
Dentro del Plan Estratégico de Sedes Administrativas, anunciado antes de verano, uno de los objetivos era ahorrar el dinero que la Junta de Andalucía gasta en pagar los alquileres de sus sedes y que, actualmente supera los 57,6 millones de euros.
Con esta operación la Junta ahorra más de 35 millones de euros cada año lo que representa casi el 62% de los alquileres que actualmente está pagando.
