Redacción. Funcionarios/as de Justicia en Huelva han celebrado hoy una asamblea informativa en el Palacio de Justicia de la capital dirigida a los funcionarios, con el objetivo de proporcionarles más detalles sobre el desarrollo de la huelga.
Entretanto el Ministerio de Justicia tomó ayer por fin la decisión de convocar al comité de huelga de los funcionarios de Justicia, que se encuentran en huelga indefinida, en respuesta a sus demandas ya que llevan casi dos meses reclamando un reconocimiento adecuado de sus funciones. Esta convocatoria está programada para el próximo martes.
Ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, los funcionarios de Justicia decidieron endurecer sus medidas de presión, y a partir de ahora se negarán a llevar a cabo cualquier función que no esté claramente establecida por la ley, hasta que se les remunere de manera adecuada.
En vista de esta situación, los funcionarios habían instado al presidente del Gobierno y a la ministra de Justicia a convocar de manera inmediata al comité de huelga, argumentando que la negativa a hacerlo violaba su derecho fundamental a la libertad sindical durante el transcurso de la huelga.
A pesar de la convocatoria del comité de huelga por el Ministerio ayer por la tarde, los funcionarios continúan firmes en su postura de mantener la huelga y realizar otras movilizaciones, además de aplicar diversas medidas de presión. Asimismo, esperan que el Ministerio deje de actuar de forma irresponsable y abandone el «desprecio» que han sentido durante casi dos meses por parte de las aproximadamente 45.000 personas que forman el cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia en todo el país, incluyendo a unos 500 funcionarios en Huelva.
La situación en el sistema judicial de Huelva es caótica y se prevé que tome varios años para recuperar la normalidad. La falta de acción por parte del Ministerio ha llevado a los funcionarios a intensificar su lucha y a exigir una solución inmediata a esta problemática.
En esta provincia, se han suspendido más de 20.000 actuaciones judiciales, lo que ha causado un importante retraso en el desarrollo de los juicios y una acumulación significativa de alrededor de 9.000 demandas sin registrar.
