Redacción. Tal y como estaba previsto una vez alcanzado un preacuerdo el pasado 28 de diciembre y una vez perfiladas ciertas cuestiones que habían quedado sobre la mesa, la patronal agroforestal Asaja-Huelva y el sindicato más representativo del sector, Comisiones Obreras, han firmado el Convenio del Campo de la provincia de Huelva, que afecta a más de 150.000 trabajadores.
El documento, que llega tras dos años de arduas negociaciones, -el anterior convenio se firmó en 2018 para tres años-, se aplica al periodo comprendido entre 2021 y 2025 y supondrá un aumento de casi un 40% respecto a las últimas tablas salariales, lo que sitúa este acuerdo al mismo nivel que los alcanzados en el resto de las provincias andaluzas y españolas. Y todo ello, a pesar de las numerosas particularidades que aglutina el sector agroforestal onubense, que dificultan sobremanera la articulación de un marco regulador que garantice la sostenibilidad de empresas de muy diversas características, producciones y rentabilidades, y los derechos de sus trabajadores.
A este respecto, cabe destacar que este convenio se ha fraguado en un periodo tremendamente complejo, marcado por los cambios en el marco regulatorio derivados del incremento salarial de alrededor del 30% impuesto por el Gobierno desde 2018 y la reforma laboral, aprobada de espaldas al sector agroforestal y cuya aplicación práctica ni siquiera ha sido aclarada por el Ejecutivo. En este sentido, el nuevo convenio propicia la adaptación de la figura del trabajador fijo discontinuo a la realidad agroforestal, marcada por una temporalidad que la nueva Ley se esfuerza por ignorar, dejando al sector en una situación de incertidumbre en la aplicación de la norma y en la organización efectiva del trabajo.
En este marco de imprecisión jurídica e imposición económica hay que incluir el impacto que ha supuesto en el sector primario factores como la invasión rusa de Ucrania, la sequía, la nueva PAC o el incremento de los costes de producción, que han puesto en jaque la supervivencia de muchas empresas.
Estas circunstancias han marcado la negociación, dilatada innecesariamente a causa de los intereses políticos de UGT, que por parte de Asaja-Huelva y CCOO ha pretendido en todo momento aportar al sector seguridad jurídica, y equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas y los derechos de los trabajadores con el fin de fomentar la armonía que siempre ha caracterizado al sector en la provincia.
En un ejercicio de responsabilidad y flexibilidad, Asaja-Huelva, sobre un convenio decaído en octubre de 2021, con la legislación vigente en ese momento, ha intentado y conseguido un texto normativo para un nuevo convenio que establece una subida en tablas salariales del 11,5% respecto a las anteriores durante los cinco años de vigencia del documento, a razón del 3% para 2021; 2,5% para 2022; 2% en las de 2023 y en las de 2024 y un 1,5% de subida para las tablas de 2025 y el resto de conceptos económicos del convenio.
Para garantizar el cumplimiento de la Ley, en cualquier caso, y en previsión de futuras subidas del SMI, en caso de que este supere lo acordado en el convenio se aplicará un complemento previsto para alcanzar la cuantía del SMI vigente.
Tanto Asaja-Huelva como CCOO consideran que el marco laboral establecido es responsable, maduro y consecuente con la realidad legislativa y económica en la que vive el sector, por lo que lamentan que UGT, en lugar de aplicar una actitud de compromiso y defensa de la sostenibilidad sociolaboral del sector se dediquen a dilatar injustificadamente las negociaciones.
Tras su firma y el cumplimiento del procedimiento que marca la legislación, el Convenio del Campo de la provincia de Huelva será publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.
