Redacción. El Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha puesto en marcha este mes hasta 12 proyectos destinados a facilitar la incorporación laboral de 626 mujeres residentes en municipios onubenses de menos de 5.000 habitantes y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional. Las mujeres participantes recibirán una ayuda de 515 euros una vez finalizada su participación en un itinerario.
De este modo, el Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano cuenta con un presupuesto provincial de 1.391.090 euros, procedentes de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los proyectos serán llevados a cabo a través de corporaciones locales, entidades del sector público andaluz o entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Alberto Santana, ha señalado que “iniciativas de este tipo contribuyen al desarrollo local ya que persisten muchas desigualdades en el ámbito rural, entre otras razones por la escasa diversificación económica y la consiguiente falta de oportunidades para acceder a determinados empleos que no estén relacionados con la temporalidad y estacionalidad del trabajo en estos entornos. Está claro que es necesario avanzar para facilitar el acceso a la formación, a relacionarse con el uso de las nuevas tecnologías y romper con la brecha digital que todavía existe y aprovechar los recursos para poder incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena o mediante el autoempleo.”
Santana también ha informado que “los proyectos de estas entidades tienen una duración de 18 meses, contemplan el desarrollo de itinerarios individualizados que integran acciones de diagnóstico de empleabilidad, acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo, acciones formativas de cualificación o recualificación profesional, talleres de competencias transversales, acompañamiento e incentivos a la participación o la incorporación laboral.”
Costes subvencionables
El incentivo contempla la financiación de los costes salariales del personal técnico que desarrolle este programa, con una cuantía de 32.135 euros por técnico y año. Asimismo, la ayuda cubre gastos indirectos derivados de la ejecución del programa; costes de formación; y 1.715 euros por mujer atendida. La ayuda también contempla 515 euros por participante que finalice el itinerario y una cuantía adicional para la entidad de 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o que inicie una actividad emprendedora por cuenta propia, hasta un límite del 20% de las participantes.
Seis líneas de ayudas en desarrollo
Este programa está incluido en el Decreto-ley aprobado por Consejo de Gobierno en diciembre de 2021, en el que se desarrollan hasta seis líneas de incentivos y que prevén alcanzar los 25.000 beneficiarios.
Simultáneamente, el SAE tiene en funcionamiento otros 12 proyectos en Huelva que van destinados a promover la inserción laboral y la atención personalizada de 397 personas pertenecientes a colectivos vulnerables a través de proyectos integrales de empleo, que incluyen acciones de orientación y de formación con un presupuesto provincial de 2.382.000 euros que prevé que casi 400 onubenses puedan participar en proyectos integrados de inserción laboral, con una duración máxima de 9 meses, durante los cuales, los beneficiarios, podrán recibir ayudas para conciliar su participación en el proyecto.
Las seis medidas que integran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por la Consejería de Empleo van a suponer una inversión en la comunidad autónoma de más de 167,7 millones de euros a lo largo de este año, destinados a favorecer la contratación de distintos colectivos, así como el mantenimiento de empleo y el desarrollo de proyectos emprendedores enclavados en la economía verde y digital.
Entre los colectivos beneficiarios se encuentran jóvenes desempleados; mujeres de los ámbitos rural y urbano en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (beneficiarias de esta primera medida puesta en marcha); colectivos vulnerables como personas con discapacidad, parados de larga duración o inmigrantes; así como microempresas, trabajadores autónomos y cooperativas en proyectos relacionados con la economía verde y la digitalización.
