Redacción. El sindicato CSIF dará comienzo el próximo miércoles, 25 de mayo, a un calendario de movilizaciones con las que quiere denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y empleadas públicas, que en la provincia de Huelva suman más de 30.000 efectivos, y la falta de negociación sobre sus salarios. En concreto, el miércoles de la semana que viene tendrá lugar una concentración de protesta en la subdelegación del Gobierno realizándose de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas en una convocatoria realizada a por CSIF a nivel nacional.
Desde la central sindical se ha explicado que «estas movilizaciones tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados públicos y nuestras empleadas públicas, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial».
Asimismo, CSIF ha subrayado que «el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años», por lo que ha considerado que «necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes», ante lo que urge a la Administración a sentarse a negociar.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, el sindicato ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Asimismo, ha recordado que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación muy compleja, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal.
Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que «se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara». En este sentido, ha criticado igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.
