Redacción. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 3,1 millones de euros a financiar programas de atención a las personas migrantes que acuden a Huelva a trabajar en la campaña de la fresa. La consejera Rocío Ruiz ha destacado que la atención y protección a este colectivo se realiza fundamentalmente “a través de las entidades locales con sus propios recursos y con los aportados por la el Gobierno regional, puesto que la aportación del Estado al sostenimiento de los servicios sociales comunitarios apenas ha alcanzado el 2% después de nueve años congelada en el 1%”, de ahí que haya reclamado mayor implicación del Ejecutivo central para mejorar las condiciones de vida de esta población.
La responsable de políticas sociales ha desgranado que su departamento ha destinado cerca de 100.000 a subvenciones de la Línea 6 destinadas a entidades locales de la provincia de Huelva para atender a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias. Unas actuaciones que incluyen programas de información, asesoramiento, acogida y asistencia integral; fomento de la inclusión social; mantenimiento de albergues y servicios de acogida temporales y programas de intermediación en el alquiler de vivienda, con especial atención a las personas residentes en asentamientos de chabolas.
Asimismo, a través de la línea 11 de ayudas a entidades privadas para acciones sociales, se han concedido más de 144.100 euros para este tipo de programas de intermediación en el alquiler para reducir las infraviviendas. La consejera ha recordado que, adicionalmente a estas líneas de ayudas y dentro del marco de actuaciones financiadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se destinan otros 500.000 euros para programas de acogida integral a mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista, a fin de evitar posibles casos de explotación sexual y laboral. Una cantidad que supone un incremento de 470.000 euros respecto a los fondos destinados a este objetivo en 2020.
En este sentido, Ruiz ha señalado que en ese mismo año se suscribió un acuerdo de colaboración con Interfresa para prevenir el acoso hacia las mujeres trabajadoras del sector, que recoge medidas para que las mujeres inmigrantes que llegan a trabajar en la campaña agrícola conozcan todos los recursos con los que cuentan durante su estancia en nuestra comunidad.
Programas de urgencia e inclusión social
La consejera ha puesto en valor además los programas de urgencia e inclusión social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Estos programas destinan más de 5 millones de euros a la atención a personas migrantes, de los que 2,9 millones son desarrollados en la provincia de Huelva. Estas partidas contemplan de forma específica acciones de mantenimiento de plazas y acogida integral, atención de necesidades básicas y mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes.
Ruiz ha resaltado durante una interpelación en el Parlamento de Andalucía que su departamento movilizará en su conjunto 7,5 millones de euros en toda la comunidad destinados a programas desarrollados por entidades locales y entidades privadas para mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes. Con las diferentes acciones previstas, Huelva concentrará el 41% de las ayudas destinadas a atender a la población migrante temporera en Andalucía.
Tras expresar su preocupación por el problema de la infravivienda en el entorno de las campañas agrícolas, Ruiz ha insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno regional en el marco de la Estrategia andaluza para la inmigración 2021-2025, que orienta el desarrollo de políticas públicas para la integración e inclusión de la población migrante. Asimismo, ha explicado, el foro provincial de la inmigración incluye un grupo de trabajo específico “para intentar buscar una solución que logre la erradicación del chabolismo”.
La responsable andaluza de políticas se ha referido además a la propuesta elaborada por la Consejería para incluir, dentro de los programas operativos FEDER y FSE+ el marco europeo 2021-2027, una línea estratégica “destinada a impulsar la intervención transversal, coordinada y colaborativa entre diferentes sistemas de protección social para la erradicación de las infraviviendas de temporeros”. Esta estrategia de trabajo, ha explicado, permitiría articular entre las diferentes administraciones competentes “una serie de infraestructuras enfocadas a la eliminación del chabolismo temporal y permanente y las infraviviendas ligadas al trabajo agrícola de personas migrantes en Andalucía”.
“Se trata de una propuesta que deseamos que salga adelante y que incluiría una comisión interdepartamental, en consonancia con las previsiones del plan estratégico para la inmigración”, ha indicado.
La consejera ha incidido en que la situación de las personas temporeras migrantes “exige la colaboración de las diferentes áreas competenciales de la Junta de Andalucía y, especialmente, de todas las administraciones públicas”. Por esto motivo, Ruiz ha instado al Estado a que “dote a los servicios sociales comunitarios de una financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de sus medios y recursos materiales y humanos”. Una reivindicación, ha recordado, apoyada por el Parlamento andaluz en 2020 con la aprobación de una Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales en las corporaciones locales.
