Redacción. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; ha firmado hoy ante notario las escrituras por las que el Ayuntamiento pasa a ser titular del conjunto edificatorio de la antigua prisión provincial, en la Avenida Federico Molina de la capital. En los términos anunciados la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita institucional a Huelva, culmina así la permuta con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, hasta ahora propietaria de un inmueble que el Consistorio onubense recuperará para uso y disfrute de la ciudadanía.
El alcalde ha destacado el “paso clave que supone la materialización de este trámite para hacer realidad una aspiración histórica de Huelva, poniendo un conjunto edificatorio tan emblemático como la antigua cárcel al servicio de la barriada de Isla Chica y de toda la ciudad”.
Un camino que se despejó a finales del año pasado, una vez liquidada la totalidad del pago por parte del Ayuntamiento para acatar la sentencia condenatoria por el incumplimiento del convenio de permuta en la anterior etapa política municipal.
La intención del Ayuntamiento es que la recuperación de la antigua prisión provincial -que, aparte de su valor como patrimonio histórico y arquitectónico está catalogado como Lugar de Memoria Histórica-, suponga un antes y un después para el entorno de Isla Chica, contribuyendo a dinamizar la barriada desde el punto de vista social y económico. “Un objetivo que el Pleno del Ayuntamiento de Huelva se marcó con la aprobación de una moción hace ya casi 20 años y que por fin va a ver la luz”, ha señalado el regidor.
Como paso previo necesario para haber culminado hoy la transferencia de propiedad, en el Pleno municipal de octubre de 2020, el Consistorio aprobó el abono de 1,2 millones de euros para terminar de desembolsar el principal y los intereses impuestos en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el 9 de mayo de 2016.
Hay que recordar que en virtud del convenio que el anterior equipo de Gobierno del PP firmó en 2006 con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, se acordó que el Ayuntamiento sería el propietario de la antigua prisión a cambio de 2,2 millones de euros y la parcela de un centro de inserción social.
Ante el incumplimiento de este convenio en lo que respecta a la aportación económica, el organismo estatal interpuso en enero de 2015 un contencioso que el juez resolvió a su favor, condenando al Ayuntamiento a pagar esos 2,2 millones y 660.000 euros en intereses y costas. En diciembre de 2019, desde el actual equipo de Gobierno se aprobó en el Pleno un primer pago por valor de 1.584.842 euros y con el paso dado en el Pleno del pasado mes de octubre se completó el pago.
