María Antonia Peña, candidata a rectora. Tal como hemos tenido ocasión de tratar y debatir en los últimos días ante los distintos colectivos que forman la comunidad universitaria, el período que se abre a partir de las elecciones rectorales del próximo 6 de mayo es de una extraordinaria importancia para la Universidad de Huelva. No en vano, la encrucijada que pronto van a encontrar ante sí los sistemas universitarios español y andaluz es de enorme calado y resulta necesario afrontar los cambios que se nos avecinan con las ideas claras y el paso firme. Ante la trascendencia de estos desafíos, que son para todas y todos, no es indiferente el tipo de apoyo que llevemos a los espacios de negociación donde se dilucidarán estas cuestiones, pues una voz única y sólida es señal inequívoca de seguridad y fortaleza. Los desafíos, naturalmente, conciernen en primer lugar a las Universidades, pero no debe olvidarse que, más allá de su funcionamiento como instituciones educativas y de investigación, estas se proyectan sobre la sociedad como faros de innovación y motores de desarrollo. De ahí su relevancia añadida.
Los dos elementos principales que van a marcar este momento de redefinición para las Universidades son el nuevo marco legal que se halla en vías de ser aprobado por el Gobierno de España, especialmente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y el nuevo Modelo de Financiación que está en fase de negociación con el Gobierno andaluz y que, a la vuelta de unos meses, va a condicionar de manera profunda el día a día de nuestra institución. Para una Universidad como la nuestra, que tiene que conseguir recursos para la dignificación de su plantilla y para impulsar procesos de gran envergadura como el de su modernización digital, lo que salga de esta encrucijada va a ser determinante para los próximos quince o veinte años.
Con toda seguridad, la Ley Orgánica del Sistema Universitario va a transformar algunas de las figuras actuales que dan soporte a nuestro personal y, acompañada por dos reales decretos en preparación, va a establecer los criterios básicos de cuyo cumplimiento dependerá la garantía de continuidad de las actuales Universidades. La reforma de la Ley de la Ciencia, además, va a afectar a nuestra labor como agentes de generación y transferencia de conocimiento y va a obligarnos a adaptarnos con rapidez a los exigentes requerimientos de una estrategia científica competitiva. En esto el reto es doble: aumentar nuestra producción de excelencia y situarla en publicaciones bien posicionadas en los indicadores de impacto, en lo que nos va ayudar la creación de nuestra Editorial Universitaria, que parte de un Servicio de Publicaciones acreditado al máximo nivel.
Tan importante como el ordenamiento legal que se nos avecina es, sin duda, el nuevo Modelo de Financiación que en este momento están debatiendo las Universidades públicas andaluzas con la Junta de Andalucía. Tradicionalmente financiada por debajo de sus necesidades, de lo que han surgido muchos de los problemas de estabilización y promoción que nos han aquejado en las últimas décadas, la Universidad de Huelva está a tiempo de requerir de la administración autonómica un crecimiento razonable de los recursos puestos en el sistema y un reequilibrio de estos a fin de que las Universidades pequeñas sean capaces de converger con las más grandes en la naturaleza y alcances del servicio público que ofrecen, en beneficio del estudiantado y de la sociedad.
De igual modo, por tanto, que en plena pandemia hemos asumido como axioma que “nadie debe quedarse atrás”, desde la Universidad de Huelva pedimos que la misma filosofía impere en el nuevo Modelo de Financiación: que ninguna Universidad de Andalucía se quede por detrás y que, por el contrario, avancemos en un camino nítido de convergencia. Eso aseguraría la igualdad de oportunidades entre invididuos y territorios y nos daría la ocasión de profundizar en nuestra oferta formativa y de investigación y de reparar los efectos que los últimos períodos de crisis han tenido sobre nuestra plantilla.
No puede olvidarse que la última crisis económica pasó por las Universidades acentuando la precariedad del empleo y provocando una pérdida de derechos que estamos esforzándonos en revertir. Por ello el Modelo de Financiación que se acuerde debe garantizar en todo momento la suficiencia económica de las Universidades, cubriendo en su integridad los gastos de su personal (el denominado capítulo 1) y los relativos a su funcionamiento básico, sin renunciar a un horizonte que ha de ser de crecimiento y mejora. Es evidente que ha de ser un modelo realista, pero no puede dejar de ser a la vez una apuesta ambiciosa. En el fondo, el esfuerzo que se dedique a las Universidades en formación, investigación y transferencia constituye una fuente dinámica de multiplicación y distribución de la riqueza, situada estratégicamente en los sectores más innovadores. Lo afirmaba en 2019 el informe realizado sobre la “Evaluación del impacto social, cultural y económico de la Universidad de Huelva en su provincia”: cada empleo de nuestra Universidad crea de media en la provincia 2,5 empleos nuevos y cada euro asignado a nuestro presupuesto genera 4 euros de beneficio a la sociedad onubense.
Sin embargo, no basta únicamente con un Modelo de Financiación ordinaria. Se hace precisa una estrategia científica (EIDIA) que pueda avalar y sostener la excelencia de nuestros grupos de investigación. Necesitamos, además, un Plan de Infraestructuras que sirva para proveernos de los equipamientos que aún nos faltan y para hacer de nuestros campus espacios más modernos y habitables. Es ya insostenible, por ejemplo, la carencia de un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) a la altura de nuestro tiempo, dotación imprescindible para el profesorado y el estudiantado. Incluso sin contar con ese Plan de Infraestructuras, hemos conseguido poner en marcha (sin que le cueste nada a nuestra Universidad) la realización de una ambiciosa Residencia Universitaria en el propio Campus del Carmen. Pero ese Plan es indispensable para poder programar sobre bases sólidas el desenvolvimiento de nuestra Universidad en los años que vienen.
El período que ahora se abre, lleno de desafíos, compone una oportunidad extraordinaria de afirmarnos como Universidad y exigir, en los ámbitos donde va a jugarse nuestro futuro, los medios que nos permitan hacer las políticas que nuestra Universidad necesita: dignificación de la plantilla, ayuda a la investigación y modernización de la docencia para la formación de las nuevas generaciones. Es imposible llegar a eso sin la obtención de recursos y sin una visión clara y global de medio plazo. Para conseguirlo es preciso tener de puertas adentro convicción y fuerza interior y, de cara al exterior, una voz cohesionada, rotunda y legítima. Con la legitimidad democrática y el empuje de la inmensa mayoría, a partir del 6 de mayo nada se nos podrá negar. El ejemplo del 3 de marzo, cuyo clamor colectivo hizo posible la creación de la Universidad de Huelva, nos seguirá marcando el camino allí donde estemos.
