Redacción. El equipo de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía ha completado dos operaciones con sendos dispositivos desplegados en Huelva y Sevilla en colaboración con agentes del Seprona de la Guardia Civil, con resultado de incautaciones de 595 kilos de bivalvos y 1.905 kilos de pescado ilegales.
La primera actuación se llevó a cabo en la tarde del pasado 3 de junio en Huelva. Un control en una plataforma de transportes terrestres derivó en la inmovilización de una partida de 439 kilos de coquinas y 66 kilos de chirlas procedentes de Portugal, de una zona de producción cerrada por la presencia de toxinas DSP. Habían sido adquiridas por empresas españolas dedicadas a la expedición de moluscos bivalvos en centros oficiales de venta de estos moluscos en Portugal. Los agentes procedieron al levantamiento de las actas correspondientes a los operadores implicados.
Inspección Pesquera está adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El delegado territorial, Álvaro Burgos, ha explicado que «debido al cierre de las zonas de producción de este molusco por las presencias de toxinas en España y Portugal, se están procediendo a exhaustivos controles, tanto a empresas de transporte como a establecimientos, con el fin de evitar así la comercialización de productos que pongan en peligro la seguridad alimentaria».
En un segundo dispositivo activado al día siguiente y desarrollado en Mercasevilla, con la intervención de agentes de Huelva y Sevilla, se incautó una partida de 90 kilos de coquinas procedentes de zonas cerradas por toxinas. Una empresa dedicada a la expedición de moluscos de Portugal estaba intentando comercializarla. En la inspección de estas instalaciones se detectaron 1.905 kilos de distintas especies pesqueras sin la documentación preceptiva para la correcta trazabilidad, por lo que los productos también fueron retirados de la venta antes del levantamiento de las correspondientes actas de inspección con infracción.
Esta intervención se efectuó dentro del seguimiento de la comercialización que incluye el Plan de Inspección Pesquera 2020, en cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común (PPC). El personal de apoyo a la Inspección Pesquera ha devuelto al mar los ejemplares de coquina intervenida, para ser sembrados en bancos naturales. Los pescados incautados, por otra parte, han sido depositados en el Banco de Alimentos a la espera de la certificación veterinaria que garantice la seguridad para el consumo y el posterior reparto benéfico.
En la actualidad, todas las zonas de producción de la coquina del litoral onubense están cerradas al marisqueo, puesto que los análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya constatan la presencia de la biotoxina DSP en los ejemplares de esta especie y, en consecuencia, la existencia de riesgos para la salud por su consumo. En concreto, no está permitida la captura y comercialización de la coquina procedentes las aguas de Isla Canela, Isla Cristina, la Barra del Terrón, la Desembocadura del Piedras, Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y la Zona Marítima de Doñana, así como todas la zonas que se extienden hasta el Cabo de San Vicente en Portugal, decretados por las autoridades portuguesas.
En este sentido, el delegado territorial ha recordado que «el cierre preventivo de los caladeros se realiza cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente, el cual se enmarca dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz». «El objetivo -en palabras de Álvaro Burgos- no es otro que la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros».
