HBN. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad congelará para el próximo curso universitario 2020/2021 los precios públicos de los servicios académicos y administrativos, una decisión que ya aplicó el pasado ejercicio y que consolida a Andalucía como la segunda comunidad que ofrece una de las políticas de tasas universitarias más asequibles del sistema nacional, tan sólo por detrás de Galicia.
Con esta política de precios baratos, Andalucía no se verá afectada por el nuevo modelo del Ministerio de Universidades aprobado en la última Conferencia General de Política Universitaria y en el que se establecen límites máximos a las tasas de matrícula de los estudios de Grado, en sustitución del sistema de horquillas vigente desde 2012 y recientemente derogado. El objetivo del Ministerio es que, en las comunidades con los precios más caros, se llegue en el plazo de tres cursos académicos a un precio medio de 18,46 euros por crédito de primera matrícula en estudios de grado.
Los precios públicos de los servicios académicos y administrativos se aprueban cada año en Andalucía mediante decreto y el correspondiente al del curso 2020/21 ya lo está tramitando la Consejería de Economía, que en cualquier caso se ajustará a las decisiones adoptadas en el seno de la Conferencia General. De acuerdo con la congelación aplicada, el coste del crédito de estudios de grado en primera matrícula se establece en 12,62 euros y en 13,68 euros el de másteres, cifras que suponen un nivel de cobertura del 15% del coste real y son muy inferiores a la media española, que se sitúa en 32,39 euros, y que conlleva que la diferencia entre estudiar en Cataluña, la región con los precios más altos, y hacerlo en la región andaluza sea de hasta el 216%.
Además, la comunidad autónoma ofrece a los estudiantes universitarios la oportunidad de abonar el precio de las enseñanzas que cursan de manera fraccionada hasta en ocho plazos.
Junto a esta medida, en Andalucía se mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por la beca. Así, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis. Se trata de una ayuda que incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos y que garantiza la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. Para este curso en los presupuestos autonómicos se ha reservado una partida de 40 millones de euros con el fin de sufragar esta medida y el pasado ejercicio se beneficiaron de la bonificación más de 114.000 estudiantes.
Esfuerzo presupuestario de Andalucía
En la Conferencia General de Política Universitaria, la Consejería de Economía ha vuelto a dejar de manifiesto que la minoración de los ingresos por precios públicos que implica el nuevo sistema de tasas del Ministerio tiene que ir acompañado de un aumento de la financiación estatal pues, de lo contrario, se quedaría sin cubrir el coste del servicio, difícilmente sostenible con otros recursos propios de las universidades. Según la Junta, es necesario compensar esa reducción para evitar una merma en la calidad de la formación superior y se considera que cualquier compensación extraordinaria que se fije no puede beneficiar exclusivamente a las regiones con tasas más elevadas y penalizar, en consecuencia, a Andalucía, que ya viene realizando un esfuerzo presupuestario para ofrecer precios bajos.
La Consejería de Economía ha remarcado que este sistema de bajos precios ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por la Junta en la financiación pública del sistema universitario andaluz y en el aumento de otras fuentes de financiación para poder cubrir el coste de la enseñanza por cada estudiante en las condiciones de calidad que se quiere garantizar en el sistema universitario andaluz. De hecho, en 2019 el apoyo financiero a estas instituciones académicas representa el 0,84% del PIB regional, un porcentaje que sitúa a la comunidad a la cabeza del esfuerzo inversor del conjunto nacional.
A juicio del Ejecutivo andaluz, una política estatal de armonización de los precios públicos debe pasar por conocer las necesidades reales de financiación de las universidades, siguiendo los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Universidades que desde la aprobación de dicha norma no se aplican, para a partir de ahí dotar a las comunidades de recursos para que puedan cubrir sus necesidades en un porcentaje similar.
La financiación pública de las universidades españolas, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, se sustenta en gran medida en los recursos aportados por las comunidades, que son las responsables de sufragar el 94% de los fondos, mientras que el 6% restante corresponde al Estado. Esta última partida se concreta, sobre todo, en transferencias para actividades de investigación y en la compensación por las exenciones de precios públicos fijados por el Estado, es decir, en concepto de becas y rebajas a familias numerosas.
