Redacción. Recientemente se han aprobado por parte de la Junta de Andalucía ayudas de casi 2,3 millones para asentamientos de inmigrantes en Almería y Huelva (Sesión de 15/04/2020), de las cuales se destinará una cantidad de 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en más de 40 poblados chabolistas de la provincia onubense.
Estas medidas, si bien se consideran necesarias para garantizar unos mínimos de dignidad y supervivencia para estas personas (acceso a agua potable, a medidas de higiene y alimentos) se prevén a todas luces insuficientes para abordar la compleja situación de estas personas y el previsible impacto que esta crisis y sus posteriores efectos tendrán sobre este grupo de población en riesgo y situación de extrema vulnerabilidad.
De no acompañar estas medidas con otras que traten de abordar de forma integral una problemática de exclusión tan grave como la existencia de miles personas que año tras año se ven abocadas a sobrevivir en poblados chabolistas en nuestra provincia, simplemente quedarán en acciones meramente asistencialistas o de beneficencia, que no suponen soluciones reales y efectivas para esta población, y cuya realidad nuevamente habrá que abordar pasados unos meses.
Es por ello que se considera fundamental destinar los recursos de forma apropiada y eficiente, y una vez cubiertas las necesidades básicas de supervivencia de estas personas aprovechar para abordar esta situación con acciones permanentes y a largo plazo, lo que a larga sin duda supondrá un ahorro de recursos para las administraciones y también un importante avance respecto a la convivencia y la protección de los Derechos Humanos de todas y cada de las personas que están presentes en nuestro territorio y que contribuyen al desarrollo económico del mismo (mediante su trabajo, pago de impuestos, etc.).
Por ello, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva sigue reivindicando:
• La regularización extraordinaria de la situación administrativa de los trabajadores extranjeros, de cara a paliar la grave situación de exclusión residencial y social en la que se encuentran, y cuyos efectos se prolongarán y podrían incluso agravarse una vez superada la situación de pandemia si no se ataja cuánto antes esta situación.
• La creación de albergues en municipios agrícolas para que se alojen los/as trabajadores/as temporeros/as que vienen a la recolección y que en la actualidad se ven obligados a subsistir en los asentamientos chabolistas, problemática que llevamos décadas arrastrando en el territorio y que requiere una especial implicación por parte de las Administraciones.
• Que se mantengan las medidas de urgencia adoptadas hasta que se considere superada por completo la pandemia de COVID-19. Garantizando el acceso a agua potable, alimentos, desinfección de las zonas en las que habitan, acceso a medidas de higiene suficientes, etc. Acciones que insistimos deben ir de la mano de otras, como las mencionadas anteriormente, que supongan para estas personas, parte activa de nuestra sociedad y nuestra economía, el acceso a los Derechos Fundamentales que vienen recogidos en la Constitución Española (dignidad, seguridad, a la protección de la salud, a una vivienda digna…).
