Redacción. La Junta de Andalucía impulsará actuaciones en 9 zonas desfavorecidas de la provincia de Huelva para mejorar la calidad la vida de sus habitantes, uno de los principales objetivos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, diseñada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha visitado, en compañía de la alcaldesa de Isla Cristina, Montserrat Márquez, una de las zonas de la provincia onubense incluidas en esta novedosa estrategia: la barriada del Rocío de la localidad isleña. El resto son: el barrio Obrero de Almonte; el barrio Erita en Cortegana; las barriadas de Marismas del Odiel, El Torrejón, Pérez Cubillas y La Orden-Príncipe Juan Carlos en la capital; Alto de la Mesa en Minas de Riotinto, y La Garza, San Antonio, Cementerio Viejo y Pozo Bebé en Nerva. La inversión consignada por la Junta para este año con vistas a la intervención en estas barriadas asciende a 1.740.000 euros.
Esta iniciativa se desarrollará hasta 2022 y para ello cuenta con una dotación presupuestaria de más de 169,5 millones de euros a nivel autonómico, que permitirá actuar en un 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de toda Andalucía. Estas actuaciones contribuirán a mejorar la calidad de más de 914.000 personas.
El plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local llevan a cabo en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
La estrategia arranca con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas que se abren este año. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, cuenta con más de 9,3 millones de euros.
Las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Las áreas seleccionadas están, en su mayor parte, en entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.
La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.
Entre las medidas concretas que se realizarán sobresalen las enfocadas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
La consejería publicó el pasado 11 de mayo una convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la contratación de 122 personas encargadas de trabajar en el diseño y elaboración de estos planes locales, con un importe máximo de 827.000 euros.
