Redacción. La política social de vivienda impulsada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva se ha saldado con la concesión de 237 ayudas de emergencia al alquiler en el último año, beneficiando a un total de 146 familias onubenses con unas prestaciones que tienen una vigencia de seis meses, prorrogable a otros seis. Familias que, como ha destacado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin posibilidad de atender el pago de la renta y en riesgo de lanzamiento hipotecario o de desahucio”.
Poniendo en perspectiva estos datos, que en el cómputo de todo el mandato se elevan a 420 ayudas en beneficio de 286 familias, el regidor ha recordado que “en 2015, cuando llegamos al Gobierno de la ciudad, las ayudas al alquiler estaban fijadas en 150.000 euros y no se había gastado ni un céntimo de esa partida presupuestaria. Desde que estamos nosotros, el Ayuntamiento ha duplicado la cuantía de las ayudas al alquiler, alcanzando los 300.000 euros anuales, y ejecutando este gasto al 100% para cubrir todas las necesidades sociales posibles”.
“Y, además -ha proseguido el primer edil- estas ayudas están programadas por seis meses prorrogables por otros seis, por lo tanto con un colchón más que suficiente para garantizar a las familias la estabilidad y la tranquilidad suficientes para abordar en la resolución final los problemas de vivienda que se puedan plantear”.
Así pues, el cometido de estas prestaciones es apoyar económicamente a familias con menores a su cargo y/o a personas que por circunstancias excepcionales viven una situación de especial necesidad y no tienen vivienda, y es preciso desde la administración buscar una alternativa a su problema habitacional.
Durante el año 2017, a través del Programa de Ayudas de Emergencia para el alquiler de viviendas se han atendido 605 unidades familiares y usuarios.
De las 237 ayudas concedidas en el último año, 173 beneficiaron a inquilinos a los que se les iba a interponer o se les había interpuesto demanda por desahucio por impago, porque debían más de tres mensualidades de renta. Con el beneficio de estas prestaciones se pudieron detener estos procesos.
Por otra parte, 64 casos estaban inmersos en lanzamientos por desahucio hipotecarios. Supuso la ejecución del desahucio y en estos casos el dinero de la ayuda se destinó a realizar un contrato nuevo de arrendamiento, se abonó la fianza y los primeros seis meses de la renta de alquiler, abordando así la problemática habitacional de estas familias.
Con la creación de la nueva concejalía de Vivienda del Ayuntamiento en este mandato, no solo se puso en marcha la Oficina de asesoramiento sobre Desahucios y Área Social, sino que se ha puesto en funcionamiento el Registro Municipal de Demandantes Viviendas Protegidas y toda la gestión administrativa del parque de viviendas municipales, regularización y mantenimiento de las mismas, abarcando un total de 612 viviendas.
