Redacción. La Junta de Andalucía distribuirá este año entre las entidades locales onubenses un total de 591.755 euros para la implementación en la provincia del Programa de Ayudas Económicas Familiares (AEF), una prestación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que tiene como objetivo apoyar a familias con menores a su cargo en situación de riesgo de exclusión social a través de la concesión de subvenciones.
La orden por la que se establece el reparto de esta partida ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sus destinatarios son las corporaciones locales con competencias en materia de servicios sociales -los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque) y la Diputación Provincial (para los municipios de menos de 20.000 habitantes)-, que se encargan de su gestión y seguimiento. Entre las cantidades concedidas destacan los 271.785 euros que recibe la Diputación, 167.651 el consistorio capitalino y 31.647 el lepero.
Con motivo de su reciente publicación en el BOJA, el delegado territorial del ramo, Rafael López, ha comentado que la finalidad de estas ayudas es “prevenir, reducir o suprimir factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para los menores, con vistas a favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias”. López ha resaltado al respecto que la continuidad un año más de este programa ratifica el “compromiso del Gobierno andaluz con los colectivos más vulnerables y todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados por la crisis, especialmente personas desempleadas sin ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro”.
Balance y población diana
La Junta viene ofreciendo ininterrumpidamente desde el año 1998 el Programa de Ayudas Económicas Familiares, lo que pone de manifiesto la extensa trayectoria del Gobierno andaluz en materia de atención a las familias con necesidades y a la población infantil en situación de riesgo. Su coordinación corre a cargo del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación territorial del ramo y los servicios sociales comunitarios vinculados a las entidades municipales. El año pasado se beneficiaron de ellas en la provincia de Huelva un total de 778 familias y 1469 menores (809 niños y 660 niñas).
Las AEF está diseñadas como una prestación complementaria de los servicios sociales comunitarios y se definen como ayudas temporales, tanto dinerarias como en especie, de carácter preventivo, que se entregan a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su finalidad es la prevención, reducción o supresión de situaciones de dificultad social para los menores, de manera que se evite su institucionalización y se posibilite a la vez su integración en el entorno familiar y social. En estos casos, las ayudas implican una intervención social complementaria que repercute en el nivel de bienestar de los menores.
La población a quien van dirigidas son los padres, madres o tutores legales de los menores cuando concurren los siguientes aspectos: carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de niños y niñas a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado; presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar; existencia de un programa previo de intervención familiar; pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los servicios sociales comunitarios, comprometiéndose a cumplir los objetivos establecidos en el programa de intervención.
Junto a la carencia de recursos y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas, el perfil familiar también se caracteriza por la existencia de desajustes convivenciales que revelan factores de riesgo previamente diagnosticados por los servicios sociales. Por lo general, estas familias presentan la siguiente radiografía: escasos apoyos familiares y sociales; falta de habilidades parentales; desempleo de larga duración o inestabilidad laboral; vivienda con déficits y condiciones inadecuadas o cambios frecuentes de domicilio; núcleos desestructurados por separación, divorcio o ausencia prolongada de alguno de los progenitores; presencia de patologías en los cuidadores principales; toxicomanías; problemas de salud, y escasa formación, entre otras dificultades.
Criterios técnicos
A la hora de priorizar la aprobación de estas ayudas extraordinarias se tienen en cuenta diferentes criterios como que las familias sean numerosas; monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y el cuidado de los menores; alguno de sus integrantes presente una discapacidad igual o superior al 33% o esté en situación de dependencia, y tengan menores que se acaben de reintegrar a su familia de origen tras un periodo de institucionalización o se encuentren en un proceso de reunificación a punto de concretarse.
Para determinar la falta de recursos se establece que el importe máximo de los ingresos del conjunto de personas que integran la unidad familiar sea inferior a unos umbrales económicos definidos en función del número de miembros. En este sentido, se toma como referencia el IPREM anual, fijado para el presente 2017 en 6.390,13 euros.
