Redacción. El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo ha firmado hoy el convenio de colaboración para la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios del PFEA, Programa de Fomento de Empleo Agrario, del ejercicio 2017, por valor de 4,26 millones de euros. En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presidido la firma del Convenio de Colaboración entre la Administración autonómica y las ocho Diputaciones Provinciales para el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), concretamente en lo relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al ejercicio de 2017.
Ignacio Caraballo ha defendido la necesidad de este Plan para los trabajadores del campo y para la economía rural al tiempo que ha señalado “el apoyo de Diputación y Junta de Andalucía para los pequeños municipios ya que la situación de las Haciendas Locales no permite a las Corporaciones Locales andaluzas asumir por sí solas la financiación de los materiales para obras y servicios incluidos en sus convenios con el Servicio Público de Empleo Estatal”.
La dotación total del PFEA para 2017 asciende a 220,6 millones de euros. Esta cantidad procede tanto de la Administración central (152,14 millones), como de la Junta (51,34 millones) y las diputaciones provinciales (17,12 millones).
El plan contará este año con un aumento sustancial de sus fondos como consecuencia del incremento de las partidas aportadas por la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales respectivamente, de un 15,5% sobre el pasado año, y del Estado, de un 3%.
El PFEA 2017 generará unos dos millones de jornales y alrededor de 112.000 contratos para abordar más de 2.000 proyectos. La Junta de Andalucía financiará a las diputaciones provinciales con 51,34 millones de euros para el pago de los materiales de las obras y servicios que realizarán las entidades locales andaluzas en 2017 con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). En esta edición, la Junta mantiene el incremento de la cantidad que abona durante la primera anualidad de ejecución de las obras, de modo que un 60% de los fondos se entregará dentro del ejercicio, y el resto se abonará en dos pagos, del 30% y 10%, respectivamente, en los dos primeros trimestres de 2018.
Por provincias, los 51,34 millones de euros del PFEA 2017 se distribuyen del siguiente modo: Almería, 2,93 millones; Cádiz, 5,41 millones; Córdoba, 7,88 millones; Granada, 6,97 millones; Huelva, 4,26 millones, Jaén, 6,58 millones; Málaga, , 5,70 millones, y Sevilla, 11,58 millones.
En los proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) paga el coste de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones financian los gastos de materiales, maquinaria y utensilios. Para percibir la totalidad de los fondos, las instituciones provinciales tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del SPEE y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local.
Este año el PFEA cuenta con un aumento sustancial en sus fondos como consecuencia del anuncio por parte del Estado de incrementar su aportación un 3 por ciento después de haber mantenido congelada su partida durante 6 años. A esta subida del Gobierno central, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales han respondido aumentando ese mismo porcentaje sobre el incremento ya anunciado del 12,5 por ciento, o sea, con una subida global del 15,5 por ciento de sus aportaciones respectivas para este 2017.
La Junta de Andalucía sacará una nueva convocatoria de ayudas en breve para contratar obras nuevas por ese nuevo incremento del 3 por ciento (en torno a 1,5 millones de euros), dado que el grueso de las ayudas previstas se encuentra en fase de tramitación.
Programa de cohesión social. A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.
El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social.
