Redacción. El Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva) ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía onubense para informar acerca de las acciones que desarrolla en torno al Turno de Oficio, así como de los requisitos necesarios para poder acceder a él.
Esta jornada de puertas abiertas es una de las actividades programadas para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, entre las que también se encuentra la izada de la bandera de la asistencia gratuita, realizada por el decano, Juan José Domínguez.
Domínguez ha informado de que el ICAHuelvalleva tramitados en lo que va de año un total de 8.983 expedientes de Justicia Gratuita en sus tres vertientes (Turno de Oficio, Asistencia Letrada y Violencia de Género), lo que supone un 30 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y en los que han participado los más de 600 abogados onubenses adscritos a este servicio.
El ICAH se ha sumado de esta forma a la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra para de reivindicar, defender y divulgar la labor realizada por los abogados adscritos al turno de oficio y que el Consejo General de la Abogacía promueve a nivel nacional.
9 abogados y medio. En este sentido, Domínguez ha reclamado la “dignificación” y “mayores medios” para un servicio para el que el año pasado se destinaron en la provincia onubense 2,19 millones de euros, de los que 1,38 millones fueron para el Turno de Oficio; 436.000 euros, para la Asistencia Letrada; 44.000 euros, para Violencia de Género; y 325.000 euros, para gastos de infraestructuras.
Como ejemplo de la necesaria “dignificación”, Domínguez ha explicado que la retribución media que recibe un abogado ronda los 135 euros por expediente (unos 2 euros por hora de trabajo). Además, existe una carencia importante en la asignación de los abogados de guardia, ya que, según las estimaciones del ICAHuelva, serían necesarios 21 letrados al día para cubrir el servicio de manera satisfactoria en la provincia, cuando actualmente únicamente se cuentan con 9 y medio, por lo que ha reclamado a las Administraciones competentes “mayor voluntad política” para mejorar esta situación.
Juzgado de Violencia de Género. En esta línea, el responsable del Turno de Oficio de Violencia de Género del ICAHuelva, Ramiro Guinea, ha asegurado que las limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía han obligado al Colegio a tener que retirar el letrado asignado a ese juzgado, por lo que ha exigido al Gobierno andaluz que se tomen las medidas oportunas para revertir la situación.
Así, ha recordado que el ICAHuelva lleva años denunciado que Huelva es una única capital de provincia de España “que no cuenta con un abogado de oficio diario para asistencia a las víctimas de violencia de género”, un problema que antes el Colegio solventaba “con muy buena voluntad y por nuestra especial sensibilidad con este drama, pero que ahora nos es totalmente imposible” con las nuevas ratios impuestas por la Junta.
En este sentido, el vicedecano del ICAHuelva, Fernando Vergel, ha dejado claro que la situación que se vive en el Juzgado de Violencia de Género “en absoluto es responsabilidad del Colegio”, porque éste “organiza el servicio, pero siempre en función de las guardias que dispone la Junta, que las ha disminuido”.
Juan José Domínguez, por su parte, ha vuelto a poner de manifiesto “el firme compromiso” de la Abogacía onubense por la Justicia Gratuita, “un servicio público esencial para la defensa de los derechos de los más desprotegidos, garantizando la efectividad de los principios constitucionales de libertad, igualdad y acceso a la justicia”.
Tal y como recoge el manifiesto elaborado por el Consejo General de la Abogacía, el decano del ICAH ha reclamado un Pacto de Estado por la Justicia “en el que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita sean tratados de forma rigurosa y realista”, ya que “no es comprensible que los reconocimientos que en sede parlamentaria se hacen de estos servicios no sean seguidos de actuaciones efectivas”.
De esta forma, Domínguez ha exigido “atención y compromiso de los poderes públicos para la mejora y dignificación de la Justicia Gratuita y de los profesionales que la prestan”, así como una aclaración del marco normativo “para evitar la inseguridad jurídica y las desigualdades existentes, así como una mayor exigencia económica del Estado en esta materia, con niveles de inversión suficientes que garanticen la calidad del servicio y prestaciones dignas a los profesionales que lo atienden”.
Además, la Abogacía reitera su oposición a cualquier iniciativa de privatización de la Justicia Gratuita, “siendo incompatible la naturaleza de este servicio público con la mercantilización de su prestación”, ha dicho Domínguez, quien ha denunciado las situaciones de “inseguridad, marginación y exclusión de sectores de población necesitados de defensa y protección”.
Casi 19.000 personas se beneficiaron en Huelva de la justicia gratuita en 2016. Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, ha puesto de manifiesto el “compromiso” de la Junta de Andalucía con la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita que, durante 2016, ha beneficiado a un total de 18.926 personas en la provincia onubense. La Justicia Gratuita es un servicio público que garantiza la igualdad de acceso a la Justicia para todos los ciudadanos, especialmente, para aquellos que no disponen de los recursos económicos necesarios para acceder a asistencia jurídica.
Así lo establece la Constitución Española en su artículo 119 y hoy, 12 de julio, en el que se celebra el Día de la Justicia Gratuita, el delegado ha querido reconocer la labor de abogados y procuradores que prestan este servicio público, así como la importancia social del mismo. En total en la justicia gratuita trabajan en Andalucía más de 10.400 profesionales: 9.200 abogados y 1.200 procuradores.
“La justicia gratuita -afirma- es un compromiso irrenunciable y prioritario, como parte de las políticas sociales y por la igualdad, del Gobierno andaluz para garantizar los derechos de la ciudadanía”. Romero ha detallado que “de las casi 19.000 personas que se beneficiaron en Huelva de este servicio que prestan abogados y procuradores, 11.107 han sido usuarias del turno de oficio, mientras que 7.819 lo son de la asistencia que se presta a detenidos en el turno de guardia.
“Una prueba de que para la Junta de Andalucía es una prioridad el mantenimiento de este servicio fundamental es el esfuerzo que está realizando para garantizar su financiación y dar la mayor celeridad posible a sus pagos, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales”, ha agregado el delegado del Gobierno.
También ha subrayado que 11.972 procedimientos fueron resueltos por las comisiones de asistencia jurídica gratuita en 2016, de los que la mayoría corresponden a la jurisdicción civil y a la jurisdicción penal.
El presupuesto para esta partida en 2017 asciende a 43,2 millones de euros, casi cinco millones más que en 2016. Desde 1997, Andalucía ha destinado más de 400 millones a la asistencia jurídica gratuita.
Plan de pagos. En la pasada legislatura se inició un plan de pagos acordado con los Colegios Profesionales que les permite saber con exactitud la fecha en la que van a formalizarse. Plan que se mantiene en la actual Legislatura.
Junto a ello, el turno de oficio ha recuperado este año los niveles previos al ajuste de 2012, de forma que en su retribución se incrementa en un 5 por ciento hasta recuperar el 10% en 2018.
En abril se pagaron los servicios prestados en el último trimestre de 2016, y este mes se pagarán los correspondientes al primer trimestre de este año, que ya tienen el incremento retributivo del 5 por ciento.
Asimismo, atendiendo a las reivindicaciones de los Colegios Profesionales, el acuerdo recoge que el abono de los gastos de funcionamiento será del 8%, 3 puntos porcentuales por encima de lo que venían percibiendo.