Redacción. Acaban de convocarse ayudas para la Rehabilitación de Viviendas, una imprescindible necesidad habida cuenta del estado y situación del parque inmobiliario. A estos efectos y desde el año 2013 en que se aprobó y publicó la Ley de Rehabilitación, los ingenieros industriales esperan una Orden Ministerial conjunta de los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo de entonces (hoy Energía, Turismo y Agenda Digital) que determine con precisión qué perfil profesional puede firmar estos Informes de Evaluación. Desde años igualmente, la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia vienen reclamando sin éxito al Gobierno español la necesidad de aclarar las limitaciones que actualmente existen para que se dé una verdadera libre competencia frente a otros cuerpos profesionales relacionados con la construcción y la edificación.
Esta paralización de normativas y clarificación de funciones pone a 100.000 ingenieros industriales españoles y alrededor de 400 onubenses en una situación de indefensión alarmante para un cuerpo profesional de los más conocidos y reconocidos tanto dentro como fuera de las fronteras. Se da la situación inaudita y difícilmente explicable en otros países que un ingeniero industrial en España puede proyectar la más eficiente fábrica de vanguardia pero no puede firmar el proyecto de una escuela, de un edificio administrativo o un Informe de Evaluación de un edificio, a pesar de que tan importante como el diseño de una construcción es la estructura que le da vida y uso útil (sistema eléctrico, gas, domótica, conectividad, seguridad etc).
Los ingenieros industriales españoles cuentan con la cualificación necesaria para llevar a cabo complejos proyectos de edificación y la actual legislación española no puede suponer un freno para el desarrollo de una actividad profesional que viene siendo desde hace años el motor económico de este país, por lo que desde el Consejo de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales se urge al Gobierno a actualizar las normativas relacionadas con la Evaluación de Edificios, la liberalización de los Servicios Profesionales, la Reserva de Actividad, la Libre Competencia y el desarrollo de un verdadero y competitivo mercado con oportunidades para todos.
