Redacción. Los Presupuestos Generales del Estado y las infraestructuras en la provincia de Huelva han centrado buena parte del debate en el pleno de la Diputación. Unos presupuestos que, según los socialistas, “son los de la consolidación en los recortes tanto en inversiones, como en empleo y políticas sociales». Por eso, el grupo socialista presentaba una moción que, aprobada con el voto en contra del grupo popular y la abstención de IU y Ciudadanos, pide al Gobierno Central que incluya en los PGE 2017 las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en materia de inversión y empleo para la provincia, así como la ejecución de las inversiones contempladas en los presupuestos de ejercicios anteriores y que no han sido ejecutadas.
El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, José Luis Ramos, ha calificado de “propuesta vacía, desigual y discriminatoria” los PGE de 2017 para la provincia de Huelva. Ramos ha insistido en “la dejación por parte del Gobierno Central a la provincia, con una brutal bajada de la inversión para Huelva y dejando en el olvido las principales infraestructuras”. Las partidas, ha añadido Ramos, “ponen de manifiesto que el Gobierno Central demuestra una vez más su falta de sensibilidad hacia la provincia de Huelva, privando a la misma de inversiones absolutamente necesarias para su desarrollo, y no contribuyendo de ningún modo a romper el déficit existente con otras provincias españolas”.
Al mismo tiempo, el portavoz ha denunciado el agravio que se produce entre los onubenses con respecto a los ciudadanos de otras provincias. Así, ha señalado que mientras en España la inversión media es de 254 euros por habitante, en Huelva es de 140 euros.
Relacionada con las infraestructuras, el grupo de Ciudadanos presentaba una moción, aprobada por unanimidad. En ella se insta al Ministerio de Fomento para que proyecte y ejecute el tercer carril de la autopista A-49, por lo menos hasta el cruce de La Palma del Condado, a la Junta de Andalucía para que resuelva el problema de los accesos a las playas de la provincia, y que se estudie si realmente es siempre necesaria la anulación de uno de los carriles de la autopista A-49 en dirección a Huelva.
Los socialistas también aprobaban, con el voto en contra del PP, una moción instando al Gobierno Central a reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social corran a cargo de la Administración General del Estado, derecho que les fue arrebatado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Por unanimidad se ha aprobado también la segunda de las mociones presentadas por Ciudadanos para la implantación, previo estudio por parte de los profesionales y asociaciones cualificadas, del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC), en espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, comercios y empresas de la provincia para que las personas no verbales puedan comunicarse con su entorno más próximo.
Izquierda Unida, por su parte, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos en su moción instando al Gobierno Central a la ampliación de los fondos para los planes de fomento del empleo agrario hasta que alcance, al menos, 30 días de trabajo al año para los jornaleros de Huelva, así como del resto de Andalucía y de otras comunidades en las que se aplica el PFEA.
Al mismo tiempo, se ha aprobaba otra moción de IU para que la Diputación estudie la posibilidad de sumarse a las alegaciones que contra el proyecto de Fertiberia de restauración de las balsas de fosfoyesos van a presentar tanto el ayuntamiento de Huelva como la Junta de Andalucía.
Por último, el Pleno ha respaldado una Declaración Institucional relativa al Día Mundial contra el bullying. En ella la Diputación manifiesta el rechazo total a todo tipo de acoso escolar hacia aquellos niños y niñas con identidades y expresiones sexuales y de género diversas, origen, credo o apariencia, y considera que no se pueden tolerar bajo ningún concepto este tipo de actos, ya que son totalmente inaceptables y atentan contra los derechos fundamentales de las personas y que, por tanto, se han de prevenir y eliminar contundentemente con celeridad y firmeza.
Por ello la Diputación, respetando las competencias de las CCAA y apoyando las diversas iniciativas de las mismas, solicita impulsar programas de mediación escolar integrales con carácter preventivo para impulsar de forma enérgica el plan de convivencia escolar.
