Analizan medidas para combatir la economía sumergida en Huelva

Reunión de la subdelegada con miembros de la Comisión de Competencia Desleal de la FOE.
Reunión de la subdelegada con miembros de la Comisión de Competencia Desleal de la FOE.
Reunión de la subdelegada con miembros de la Comisión de Competencia Desleal de la FOE.

Redacción. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, y el jefe provincial de Inspección de Trabajo, Luis Roda, se han reunido con una representación de la Comisión de Competencia Desleal de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), encabezada por su presidente, Miguel Ángel Pérez de Diego, para analizar posibles medidas que poner en marcha para intensificar la lucha contra el fraude.

Grávalos ha destacado la coordinación y el intercambio de información entre administraciones y organismos competentes como una “pieza imprescindible” para combatir la competencia desleal “que tanto daño hace a la economía onubense y de los propios ciudadanos”.



En este sentido, la subdelegada ha animado a los empresarios a que denuncien “para poner en marcha los mecanismos de los que dispone la Inspección de Trabajo para erradicar la economía sumergida”, unas armas reforzadas con reformas llevadas a cabo por el Gobierno, como los cambios realizados en el Código Penal para agravar las sanciones y penas a quienes desarrollan cualquier actividad sin cumplir con sus obligaciones.

Por su parte, Pérez de Diego ha incidido en la necesidad de concienciar a la sociedad onubense de los efectos y las consecuencias reales de la economía sumergida, al tiempo que ha pedido que los servicios de inspección en las administraciones trabajen con más celeridad. “Hay que combatir la competencia desleal desde su raíz, trasladando a los ciudadanos que cada vez que participan del fraude están restando recursos para servicios públicos tan esenciales como la educación o la sanidad”, ha remarcado.


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Asimismo, el representante de la FOE ha advertido de que la economía sumergida está afectando ya a todos los sectores, “causando graves daños a muchas pymes y autónomos de la provincia que sí contribuyen al estado de bienestar cumpliendo religiosamente con sus deberes como ciudadanos y empresarios”.

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