Redacción. Todos los grupos políticos con representación en el Pleno de la Diputación de Huelva han respaldado tres Declaraciones Institucionales en apoyo al Puerto de Huelva, a la Escuela de Arte León Ortega y al Voluntariado. La unanimidad y el consenso también ha quedado reflejada en la aprobación de diferentes mociones tanto del grupo socialista, como del grupo popular, de Izquierda Unida y de Ciudadanos.
El propio presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha sido el encargado de leer la Declaración Institucional en apoyo a la Autoridad Portuaria de Huelva en relación al proyecto en Majarabique, en Sevilla, “por ser indispensable para el desarrollo de la economía onubense, así como ha mostrado su apoyo a que exista una solución consensuada entre las autoridades portuarias implicadas”.
En la segunda de las Declaraciones Institucionales, que ha leído el director de la Escuela León Ortega, Antonio García, se solicita a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la implantación definitiva de los estudios de clase superior en la Escuela, que pasaría a denominarse Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘León Ortega’.
La última de las Declaraciones Institucionales, relativa al Día Internacional del Voluntariado, la he leído Nicolás Sánchez, voluntario de la asociación Madre Coraje. A través de esta Declaración, la Diputación quiere reiterar su reconocimiento a la labor solidaria que las personas voluntarias están llevando a cabo en nuestro país y en el mundo, su contribución a la cohesión social, la paz y el desarrollo sostenible, y su imprescindible aportación para conseguir un mundo más solidario, justo y equitativo.
En cuanto a las mociones, con el voto en contra del PP y de IU, y con la abstención de Ciudadanos, se ha aprobado una moción del grupo socialista en la que se solicita a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la supresión de la tasa de 60 euros que se está aplicando a cada inmueble regularizado o en su caso una reducción que se ajuste al coste real del servicio para cada ciudadano, pues “parece abusiva” siendo el catastro competencia exclusiva del Estado.
A través de esta moción el grupo socialista propone que sean atendidas las reclamaciones de aquellas personas que no fueron notificadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta los fallos producidos en el procedimiento y que no quede ningún ciudadano en indefensión ante la Administración.
Se estima que este proceso podría afectar a unas 46.000 viviendas en la provincia de Huelva, alterando de forma muy significativa el valor catastral, un cambio que podría aumentar sustancialmente el IBI, y que supondría una carga más para la población de Huelva y provincia.
En la segunda de las mociones presentada por el grupo socialista y aprobada con el voto en contra del grupo popular, se defiende el mantenimiento de las pensiones de viudedad dentro del Sistema Público de pensiones, como garantía de los derechos de cotización y los derechos consolidados, de manera que no implique recortes en prestaciones ni pérdida de derechos para las personas que perciben estas pensiones. La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, quien ha recordado que hoy se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Dependencia, «que tanto trabajo ha dado a las mujeres», ha señalado que con esta moción «rechazamos cualquier reforma relativa a las pensiones que no se lleve a cabo en el marco del Pacto de Toledo».
En este mismo sentido también se ha aprobado una moción de Izquierda Unida en defensa del Sistema Público de Pensiones. Con el voto en contra del grupo popular, la moción pide, entre otras cuestiones, instar al Gobierno Central a que prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y ahora buscar vías de financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones.
También por unanimidad se ha aprobado la tercera de las mociones socialista. En ella se pide al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados que inicie la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, como resultado de un gran pacto local consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de clarificar el ámbito de competencias de ayuntamientos y diputaciones y su financiación. El Pleno defiende el papel de las diputaciones provinciales en la articulación territorial y administrativa del país y respaldará un proceso de modernización y adaptación de sus estructuras sin que ello implique recortes en su capacidad de mejorar el desarrollo económico y social de las provincias.
Unanimidad también ha habido en la moción de Izquierda Unida manifestando su solidaridad con Damián García, delegado sindical de CC.OO., despedido por la empresa UCS SL. el pasado 14 de octubre de 2016 y se solicita su readmisión. La Diputación rechaza este despido, que supone una clara vulneración de un derecho fundamental como es la Ley Orgánica de Libertad Sindical y un acto de represalia sindical.
Asimismo, se ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos políticos, la moción de IU para la creación de un centro de interpretación de la memoria histórica en la provincia de Huelva.
El grupo de Ciudadanos también ha visto como se aprobaban sus dos mociones presentadas. En la primera, aprobada por unanimidad, se insta al Gobierno Central a que reconozca administrativamente a la Dehesa como un Ecosistema diferenciado, y desarrolle una Ley Estatal. En la segunda moción, aprobada con el rechazo del grupo popular, se insta al Gobierno de España a impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, previo diálogo con las Comunidades Autónomas y con los diferentes agentes económicos y sociales, que garantice los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca en el marco de una planificación nacional.
Por último, se ha aprobado también por unanimidad la moción del grupo popular para que la Junta de Andalucía apoye económicamente el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos. Los populares han admitido una transaccional del grupo socialista para que el Gobierno Central haga lo mismo e incluya una partida económica para esta conmemoración.
