Redacción. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Portón, han inaugurado el V Encuentro con los Jueces y Secretarios de Paz de la provincia de Huelva, organizado por la Audiencia Provincial en la sede judicial de Vázquez López. Para Caraballo, los jueces de paz “son una pieza básica porque realizan una función de mediación y de conciliación, y esa primera fase de intervención de un juez de paz con sus propios convecinos evita que en muchas ocasiones acudan a los juzgados de primera instancia”.
Como responsable de la administración provincial, vinculado al municipalismo ha añadido Caraballo, “entiendo que esta figura debe mantenerse y ser potenciada porque supone una forma sencilla y efectiva de acercar la justicia a las personas, pero también es una oportunidad que se ofrece a muchos ciudadanos de participar y conocer un sistema que en muchas ocasiones se percibe distante”.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial ha agradecido la presencia del presidente de la Diputación y su apoyo “incondicional” a este encuentro que servirá para “conocer los diferentes puntos de vista y necesidades, con el objetivo de poder mejorar y avanzar en la medida de nuestras posibilidades”.
Durante la celebración de este V Encuentro con los Jueces y Secretarios de Paz se han desarrollado tres ponencias sobre las últimas reformas legales sobre el derecho penal y administrativo, así como una materia tan interesante y de actualidad como la aplicación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia.
En la provincia de Huelva existen actualmente 73 jueces de paz, distribuidos en los distintos partidos judiciales. Los Juzgados de Paz de la provincia onubense resuelven asuntos tales como juicios de faltas, actos conciliación, exhortos civiles, exhortos penales y expedientes gubernativos, así como inscripciones en el Registro Civil. Los jueces de paz son figuras mediadoras encargadas de resolver litigios de pequeña cuantía económica o de menor relevancia legal dentro de una comunidad.
