Redacción. Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han decomisado 660 kilogramos de pulpo sin etiquetado y, por tanto, al margen de la línea de trazabilidad, en un establecimiento de Isla Cristina. Éste es el balance de una intervención llevada a cabo en la madrugada del pasado viernes 18 de noviembre (cuando se confiscaron también 18 kilogramos de berberechos con el apoyo de la Policía Local de Huelva en un control en carretera) que se suma a las actuaciones del plan contra la captura ilegal de este molusco de alto interés comercial, que se han saldado en el último mes, una vez finalizado el periodo de veda, con el levantamiento de 300 alcatruces (trampa especializada) sin identificación y, en consecuencia, clandestinas.
El conjunto de estas operaciones, que el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, considera “esenciales”, supone un importante golpe a un furtivismo que se erige en una seria amenaza para la sostenibilidad del caladero y para la rentabilidad, presente y futura, de la actividad económica y el empleo que giran en torno al sector del pulpo. El responsable del ramo en Huelva ha aplaudido, en este sentido, los resultados de la intensificación del control y la vigilancia que los efectivos de Inspección Pesquera, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, ejercen tanto en el mar como en tierra.
La presión sobre el marisqueo ilegal ha dejado, además, en el transcurso del mes de noviembre la incautación de 1.129 kilogramos de chirla de talla no reglamentaria o sin etiquetado ni trazabilidad decomisados tras diversas intervenciones en el puerto de Isla Cristina o tras su interceptación en un vehículo, también en esta localidad costera, antes de su venta ilegal. Éste último es el caso también de 198 kilogramos de coquina inmadura intervenidos en Ayamonte, donde, al mismo tiempo, se han aprehendido otros 76 kilogramos de ejemplares inmaduros de este mismo bivalvo en un punto de venta que no reunía las condiciones para ejercer la actividad y carecía de la documentación necesaria en ese instante, situación que derivó en el cierre temporal de la instalación.
Seguridad alimentaria y sostenibilidad. Junto a las labores de inspección y control, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima. También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos.
De igual modo, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
