Redacción. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas, por un importe total de 23,21 millones de euros, para la financiación de proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por los ayuntamientos de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Dos Hermanas (Sevilla). La medida, en el marco de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Emple@Joven y Emple@30+, permitirá la contratación de 2.648 personas.
Esta financiación se corresponde con las subvenciones que deben ajustarse al trámite de la aprobación del Consejo de Gobierno, por superar los tres millones de euros. Del total aprobado, 4,29 millones de euros se destinan al Ayuntamiento de Almería, para una previsión inicial de 487 contrataciones. El Consistorio de Córdoba recibirá 7,49 millones para 886 contratos; el de Granada 5,07 millones para 495; el de Huelva 3,27 millones para 398, y el de Dos Hermanas 3,07 millones para 382.
La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria supondrá en su conjunto una transferencia de 250 millones de euros recursos a los municipios andaluces, para la contratación de 31.507 personas. El programa supone ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por cada contrato que realicen los ayuntamientos con destino a proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local.
Para los jóvenes de entre 18 y 29 años que se acojan al programa será requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado.
En el proceso de selección tienen preferencia las personas empadronadas en el municipio donde se realiza el proyecto. Los ayuntamientos presentan la oferta de empleo ante el SAE, que le proporciona tres personas candidatas por cada puesto de trabajo ofertado. Se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las desempleadas de larga duración, especialmente las que han agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses.
La consideración de parado de larga duración la recibe quien haya permanecido inscrito como demandante de empleo no ocupados en el SAE durante 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 días en los nueve meses anteriores, si están inscritos como trabajadores agrarios.
Ley de fomento del empleo. La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria se incluye la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo, aprobada en 2015 y cuyo desarrollo supondrá este año una inversión de 396 millones de euros y la generación de 60.000 nuevos empleos.
Esta ley da continuidad a los programas Emple@Joven y Emple@30 iniciados en 2014 e incorpora modificaciones a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, entre las que destacan que los ayuntamientos irán recibiendo por anticipado el pago de la ayuda antes de que finalicen los contratos, para que los municipios no sufran ningún tipo de tensión de tesorería. Los ayuntamientos ingresarán un primer pago correspondiente a las nóminas de los tres primeros meses del contrato y en marzo un segundo pago por los tres últimos meses, de manera que no tengan que adelantar ni un solo euro.
Actualmente, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio está comunicando las resoluciones de estos planes y abonando las cantidades acordadas, para que los 777 ayuntamientos que las han solicitado procedan a las contrataciones y pongan en marcha los proyectos de la forma más rápida posible. La Consejería ha culminado el proceso que ha permitido resolver los proyectos presentados por los ayuntamientos, notificando e iniciando el pago a lo largo del pasado mes de octubre.
Desde el año 2012, la Junta ha desarrollado políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones de euros, pese a las limitaciones presupuestarias y de déficit, a no contar con el plan especial reclamado al Gobierno central y a los recortes estatales que sufre la comunidad en el traspaso de los fondos de políticas activas de empleo, con una disminución consolidada del 48% en el último año frente a lo recibido en este capítulo en 2011.
