Redacción. La Junta de Andalucía incrementa este año en casi un 50% su aportación a las entidades locales onubenses para el desarrollo en la provincia del Programa de Ayudas Económicas Familiares (AEF), una prestación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que tiene como objetivo apoyar a familias con menores a su cargo en situación de riesgo de exclusión social a través de la concesión de dichas ayudas.
El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, ha presentado, en compañía del delegado territorial del ramo, Rafael López, la edición de 2016 del programa, que cuenta con un presupuesto por parte de la administración autonómica de 593.202 euros frente a los 399.696 del año pasado. Esta cuantía va destinada, mediante la firma de convenios de colaboración, a las corporaciones locales con competencias en materia de servicios sociales: los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, a los que se acaba de incorporar Aljaraque) y la Diputación Provincial, que son los encargados de canalizarlas.
Romero ha comentado que la finalidad de estas ayudas es “prevenir o suprimir factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para los menores, con vistas a favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias”.
Asimismo, el representante autonómico ha destacado que el incremento de las partidas económicas destinadas a esta medida, que forma parte de las actuaciones promovidas por la Junta dentro del Decreto Ley contra la Inclusión Social y la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, ratifica el “compromiso del Gobierno andaluz con los colectivos más vulnerables en general y todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados por la crisis en particular, especialmente personas desempleadas sin prestación y familias con todos sus miembros en paro”.
Balance y población diana. La Junta viene ofreciendo ininterrumpidamente desde el año 1998 el Programa de Ayudas Económicas Familiares, lo que pone de manifiesto la extensa trayectoria del Gobierno andaluz en materia de atención a las familias con necesidades y a la población infantil en situación de riesgo. Su coordinación corre a cargo del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación territorial del ramo y los servicios sociales comunitarios vinculados a las entidades municipales. El año pasado se beneficiaron de ellas en la provincia de Huelva un total de 716 familias y 1.329 menores.
Las ayudas económicas familiares son en concreto prestaciones temporales, tanto dinerarias como en especie, que se entregan a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su finalidad es la prevención, reducción o supresión de situaciones de dificultad social para los menores, de manera que se evite su institucionalización y se posibilite a la vez su integración en el entorno familiar y social. En estos casos, estas ayudas implican una intervención social complementaria que repercute en el nivel de bienestar de los menores.
La población a quien van destinadas son los padres, madres o tutores legales de los menores cuando concurren los siguientes aspectos: carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de niños y niñas a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado; presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar; existencia de un programa previo de intervención familiar; pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los servicios sociales comunitarios, comprometiéndose a cumplir los objetivos establecidos en el programa de intervención.
Junto a la carencia de recursos y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas, el perfil familiar también se caracteriza por la existencia de desajustes convivenciales que revelan factores de riesgo previamente diagnosticados por los servicios sociales. Por lo general, estas familias presentan la siguiente radiografía: escasos apoyos familiares y sociales; falta de habilidades parentales; desempleo de larga duración o inestabilidad laboral; vivienda con déficits y condiciones inadecuadas o cambios frecuentes de domicilio; núcleos desestructurados por separación, divorcio o ausencia prolongada de alguno de los progenitores; presencia de patologías en los cuidadores principales; toxicomanías; problemas de salud, y escasa formación, entre otras dificultades.
Criterios técnicos. A la hora de priorizar la aprobación de estas ayudas extraordinarias se tienen en cuenta diferentes criterios como que las familias sean numerosas; monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y el cuidado de los menores; alguno de sus integrantes presente una discapacidad igual o superior al 33% o esté en situación de dependencia, y tengan menores que se acaben de reintegrar a su familia de origen tras un periodo de institucionalización o se encuentren en un proceso de reunificación a punto de concretarse.
Para determinar la falta de recursos se establece también que el importe máximo de los ingresos del conjunto de personas que integran la unidad familiar sea inferior a unos umbrales económicos definidos en función del número de miembros. En este sentido, se toma como referencia el IPREM anual, que para 2016 se mantiene en 6.390,13 euros.
Trayectoria. La experiencia acumulada en los últimos años demuestra la alta efectividad de esta actuación. De hecho, al tratarse de situaciones de riesgo detectadas en un nivel de atención primaria, gracias al apoyo económico se consigue dar respuesta a las situaciones de dificultad familiar y se logran, por tanto, los objetivos marcados.
Por otro lado, asimismo es importante señalar que las familias atendidas dentro de esta iniciativa participan en otros proyectos de intervención cuya finalidad es la mejora de las habilidades parentales en el cuidado y atención a sus hijos. Entre estas actividades destacan talleres de cocina, de cuidados básicos a la infancia, de organización doméstica… impartidos por la red de servicios sociales comunitarios de la provincia.
En paralelo a estas subvenciones, desde los municipios existen otros tipos de ayudas económicas de emergencia social mediante las cuales se solucionan distintas necesidades diarias básicas que tienen las familias con menores con dificultades económicas (pago de facturas de agua, electricidad, alquiler, etc.), no requiriéndose de una intervención social complementaria.
Tanto la mejora en la gestión del programa, priorizándose las necesidades más básicas (alimentos, farmacia, ropa, pañales…) relacionadas con la atención directa de los menores (incluso algunos municipios han canalizado a través de los bancos de alimentos estas ayudas de primera necesidad), como el incremento en la aportación económica, han posibilitado el aumento paulatino en el número de familias y menores atendidos en los últimos años.
