Redacción. El grupo socialista en la Diputación presentará al pleno ordinario, que se celebrará el próximo 5 de octubre, una moción mostrando su “oposición” a la reducción del número de oficinas financieras en los municipios onubenses. Los socialistas también llevarán a pleno otras dos mociones instando al Gobierno central a modificar el techo de gasto de los ayuntamientos y diputaciones, y sobre las liquidaciones extemporáneas realizadas a las Comunidades de Regantes de Huelva.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Luis Ramos, ha asegurado que en los últimos años “gran parte de la población rural se ha visto privada a ir a una oficina bancaria ante el cierre de numerosas entidades financieras”. Con la moción, el PSOE quiere llamar la atención al Gobierno de España, a los bancos y a la sociedad onubense sobre el impacto de la reducción de oficinas en la cohesión social y territorial en la provincia de Huelva, especialmente en el mundo rural.
Existe, según añade la moción, “un verdadero riesgo de que los habitantes de los pequeños núcleos de población sufran exclusión financiera territorial o geográfica, lo que les obligaría a desplazarse hasta núcleos más grandes para hacer gestiones tan rutinarias como abrir una cuenta corriente o renovar una tarjeta”.
Los socialistas también presentarán al pleno de la Diputación otra moción sobre las liquidaciones extemporáneas realizadas a las Comunidades de Regantes de Huelva tras las obras de modernización y consolidación de los regadíos llevadas a cabo en las provincias de Huelva, Málaga, Jaén y Sevilla. Las liquidaciones recibidas asciende a 7’2 millones de euros en Andalucía, lo que supone más del 30 por ciento del coste inicial de las obras.
Esta liquidación, según la moción, “llega meses después de estar finalizadas todas las obras y son recibidas con sorpresa, pues son cantidades abusivas y absolutamente inesperadas por parte de las Comunidades de Regantes, a las cuales en ningún momento se les informa de este sobrecoste en las reuniones mantenidas de seguimiento con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A (SEIASA)”.
Por ello, se insta a anular las liquidaciones remitidas a las Comunidades de Regantes, por estar realizadas de forma extemporánea e improcedentes, no ajustarse a derecho y dejar a los comuneros ante una situación de absoluta indefensión ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente, y su empresa pública SEIASA.
En la tercera de las mociones presentadas por el grupo socialista se insta al Gobierno central a modificar el techo de gasto de los ayuntamientos y diputaciones, ya que “no se tiene en cuenta su solvencia económica, permitiendo que estas administraciones locales pudieran disponer de su superávit económico para destinarlo a la mejora del empleo y de los servicios públicos esenciales”.
En opinión de Ramos, esa regla de gasto «obliga a determinadas administraciones locales a no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener dinero guardado en el banco, o a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses».
El portavoz añade que las diputaciones y los ayuntamientos, que son capaces de «generar ahorro, ingresando más de lo que gastan», quieren que «estos ahorros fruto de la buena gestión reviertan en sus vecinos a través de actuaciones que generen empleo, dinamización, economía, etcétera».
Modificación de crédito. La Diputación también llevará al Pleno del próximo miércoles una modificación de créditos extraordinarios del Presupuesto Provincial 2016. Esta modificación va dirigida a 200 ayudas para 200 nuevos autónomos tras la convocatoria puesta en marcha por la Diputación a través de la Oficina Huelva Empresa, y que tiene como objetivo dar facilidades a los empleados por cuenta propia para poder acometer durante los primeros meses de andadura los gastos derivados del inicio de la actividad.
José Luis Ramos ha explicado que a través de esta ayuda se hace una fuerte apuesta por el colectivo de los autónomos, estableciendo un mecanismo de incentivos para fomentar y facilitar el acceso al autoempleo del trabajador autónomo. En este sentido afirma que “ponemos a su disposición una fuente de financiación que mejore sus expectativas empresariales y facilite su permanencia en la actividad empresarial, ayudando a consolidar el tejido productivo en los pequeños municipios”. En total se recibieron 245 solicitudes, procedentes de 60 municipios de la provincia de Huelva menores de 20.000 habitantes.
Mociones de Ciudadanos. «Es necesario reconocer los estudios de ESO superados por los alumnos con discapacidad intelectual y adaptar la FP a su nivel para que no se produzca la discriminación actual». De esta forma lo ha explicado el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Huelva, Ruperto Gallardo, con motivo de la moción que la formación naranja llevará al próximo pleno de la institución provincial.
Actualmente, los niños con algún tipo de discapacidad intelectual se acogen a una adaptación curricular que permite impartir las mismas materias que el resto de alumnos pero adaptadas a un nivel más bajo. Sin embargo, al final de la secundaria no se les entrega el título correspondiente como a los demás. Por ello, como ha apuntado Gallardo, «solicitamos a la Diputación que inste al Ministerio de Educación a que reconozca, con el título correspondiente, los estudios de estos alumnos con adaptación», ya que «creemos que es de justicia que no se les impida seguir formándose por este motivo».
Igualmente, la formación naranja solicitará que «el Ministerio cree una formación profesional adaptada a los alumnos con discapacidad, para que puedan trabajar en el futuro sin estar discriminados», pues, como ha destacado el diputado de C’s, «esto supone un importante paso hacia la igualdad para las personas con discapacidad, ya que el itinerario formativo es muy limitado y no está adaptado a sus capacidades».
Al respecto, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación ha recordado que «la educación es un pilar del estado del bienestar, en el que debemos estar todos, por encima de ideologías y colores».