Redacción. Los presidentes de las entidades provinciales andaluzas se han dado cita en Baeza, Jaén, para abordar el asunto de la “falta de horizonte presupuestario” como el problema más serio y acuciante que afrontan las administraciones locales en estos momentos, según ha manifestado el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, al finalizar el encuentro.
Los máximos responsables de las diputaciones andaluzas han retomado hoy su grupo de trabajo con una agenda en la que destaca la preocupación ante la falta de información desde el Ministerio de Administraciones Públicas en cuanto a la participación en los ingresos del Estado y el techo de gasto que regirá para las entidades locales el año próximo.
“Sin esa información -asegura Caraballo- no podemos elaborar unos presupuestos municipales o provinciales, con el consiguiente perjuicio para la gestión diaria de los Ayuntamientos”, señala el presidente de la Diputación.
En esa línea, el presidente de la Diputación de Huelva ha puntualizado que “No es de recibo que no tengamos los datos para poder elaborar los presupuestos de 2017. El gobierno en funciones trabajará más o menos -ha puntualizado- pero ni siquiera sabemos si podremos subir los sueldos el 1% ni hasta dónde podremos apoyar a los pueblos de la provincia”.
En este sentido Caraballo ha recordado que el presidente de la FAMP no fue recibido por Hacienda para tratar este asunto, lo que ha calificado de “falta de lealtad institucional” del Gobierno de la Nación hacia las administraciones locales.
Los presidentes de las Diputaciones también denuncian que “no nos han comunicado desde el Ministerio de Administraciones Públicas cuál será la tasa de referencia para el límite de gasto no financiero, por lo que no sabemos cuál será el techo de gasto para la elaboración de las cuentas provinciales”. Las diputaciones socialistas piden al gobierno que aquellas administraciones que tengan buena gestión puedan utilizar los recursos porque “es muy difícil explicar a la ciudadanía que los remanentes que podemos emplear en los pueblos y en el empleo, el Gobierno nos exija devolverlo a los bancos”, ha asegurado Caraballo.
En este punto han acordado llevar a Pleno una moción sobre la Modificación de la regla que determina el techo de gasto y hacer extensiva esta medida a todas las diputaciones y ayuntamientos andaluces. La moción deberá manifestar la oposición a la regla de gasto tal como está regulada actualmente e instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a modificar el cálculo del techo de gasto para que los Ayuntamientos que cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, no superan el límite de endeudamiento, cumplen el período medio de pago a sus proveedores, presentan ahorro neto positivo y tienen remanente de tesorería positivo, puedan destinar los mayores ingresos obtenidos, fruto de una buena gestión, a poner en marcha actuaciones que redunden en la mejora de la ciudadanía, como la generación de empleo.
Otro de los asuntos tratados en la reunión de presidentes celebrada hoy en Baeza es la situación de los fondos europeos, “fundamentales para las diputaciones y para el gobierno de Andalucía” y vitales para planes de obras provinciales como por ejemplo la necesaria reparación de los caminos rurales. “El marco sigue avanzando y año que perdamos, año que contamos menos para elaborar”, ha insistido el presidente de la Diputación de Huelva.
Otro asunto que ha sido tratado en la agenda de los presidentes ha sido la desaparición de sucursales en las áreas rurales. “El servicio financiero no es un servicio que presten las diputaciones -declara Caraballo- pero tendrá que ser un servicio que debemos facilitar y garantizar para que sea posible la vida en el mundo rural”.
Otros temas que se han tratado ha sido la mejora de los servicios ferroviarios, entre ellas, la de Sevilla y Huelva, Granada-Almería, Baeza-Linares-Moreda, “porque las líneas ferroviarias son fundamentales para la vertebración del territorio y para fijar la población en las áreas rurales, algo que parece importar muy poco al gobierno en funciones a juzgar por la falta de concreción de estas infraestructuras en las inversiones que aparecen en los presupuestos generales del estado.
