A.R.E. Hace sólo unos días, la Sociedad Cooperativa Andaluza Costa de Huelva, con sede en Lucena del Puerto, hacía realidad su intención de comprar las fincas ‘Valdeoscuro’, ‘San Sebastián’ y ‘Laguna’, sitas en los términos municipales de Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos y hasta ahora propiedad de Ence. Un proyecto que ha sido posible gracias a que Coophuelva ha conseguido financiación por parte de tres entidades, Caja Rural del Sur, Caixabank y Cajamar, que le han concedido un crédito de 5,8 millones cada una, lo que supone un importe total de 17,4 millones de euros, aunque la inversión final por parte de la cooperativa ascenderá a 21,05 millones.
Los nuevos terrenos, que suman en total 900 hectáreas, de las cuales 650 son de regadío, beben del pantano del Chanza y el objetivo de Costa de Huelva es adecuarlos para que sus socios puedan explotarlos en régimen de alquiler, lo cual supondrá duplicar las hectáreas en producción actuales de los distintos agricultores que se integran en la S.C.A., unos 140.
El principal motivo para adoptar esta medida y adquirir fincas que se encuentran fuera del Condado de Huelva, zona de actuación de Coophuelva, es que el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana está impidiendo crecer a los agricultores del Condado, que se están viendo obligados a buscar fincas en otras áreas.
En este sentido, cabe recordar que este Plan Especial fue formulado en diciembre de 2007 por el Consejo de Gobierno y redactado por recomendación expresa del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), siendo su finalidad ordenar las zonas con cultivos en regadío al norte de la corona forestal, dentro de los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en 2008 la transferencia anual de 4,99 hectómetros cúbicos de la actual cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir con el objetivo de incrementar los recursos y así liberar al acuífero de Doñana y tramitar los derechos del agua de un conjunto de parcelas de suelo agrícola regable.
Posteriormente se llevaron a cabo las obras necesarias para realizar el trasvase -los agricultores aportaron el 30% de su coste, un total de 20,5 millones de euros-, que finalizaron en octubre de 2015, y se creó una Comisión de Gestión Técnica que el pasado mes de junio autorizó la transferencia. De hecho, desde primeros de agosto de este 2016 el trasvase de 4,99 hm3 al Condado es una realidad para 326 hectáreas pertenecientes a los agricultores de la Comunidad de Regantes El Fresno, aunque quedan 220 más pendientes de una modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ser incluidas.
El problema ahora se encuentra en las solicitudes de revisión de las parcelas de 285 agricultores que solicitan sean consideradas suelos agrícolas regables, de manera que se puedan incluir en el ámbito del Plan Especial. Inicialmente, este proyecto afectaba a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que 9.340 estaban catalogadas como regables por la Junta de Andalucía.
Pero a la hora de la verdad esto no ha sido así. Muchas respuestas a las alegaciones presentadas se están haciendo esperar, suponiendo un problema a la hora de planificar la próxima campaña el no saber aún qué parcelas serán consideradas de regadío y cuáles no. Pero esto no es lo peor, pues tras la aplicación de otras normativas, el Plan deja fuera el 30% de las hectáreas de regadío contempladas inicialmente, más de 1.500, a las que se suman las que se ya se habían caído como consecuencia de la normativa a aplicar, terrenos que en su conjunto generan cada campaña unos 40.000 empleos.
Por este motivo, desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se ha solicitado una modificación del Plan Especial de la Corona Norte -17.000 personas se manifestaron en Sevilla por este motivo el pasado mes de abril-, a fin, al menos, de que se respeten las 9.340 hectáreas de regadíos contempladas inicialmente en el Plan, parcelas que llevan cultivándose más de 40 años y algunas de las cuales quedan ahora excluidas. La propuesta de revisión, que llegó al Parlamento en forma de proposición no de ley, no contó con el apoyo de los partidos políticos.
Ante esta gran problemática, la Cooperativa Costa de Huelva ha dado un paso al frente y tomado la determinación de invertir en otras zonas de la provincia, siempre en beneficio de sus agricultores. Sobre ello nos habla su presidente, Cristóbal Pión Regidor, quien es también presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva.
– ¿Qué les ha motivado a llevar a cabo esta iniciativa?
– La cooperativa las ha comprado por varios motivos. La zona donde nos encontramos en el Condado está limitada por un Plan Especial –el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana- donde no se puede crecer más. Por eso los agricultores estaban comprando terrenos en otros pueblos, algunos de ellos a mucha distancia, creciendo así de forma desordenada. La compra de estas fincas por parte de la cooperativa palia este problema. Tenemos un proyecto, se construirá una nave de manipulación en la propia finca, casas con saneamiento, con agua potable, todo dentro de la legalidad. La idea es hacerlo de forma conjunta, con unidad, y conseguir así que nuestros socios tengan más margen de beneficios que de forma individual. La cooperativa es la dueña de las fincas y se alquilarán durante unos años. Logramos de este modo mantener la unidad de los agricultores y garantizar el futuro nuestro y de nuestros hijos, que ellos puedan seguir dedicándose a la agricultura, porque cuando una empresa no crece o crece en otra zona desaparece y pierde riqueza.
– ¿Desde cuándo llevan sopesando este asunto?
– La decisión de la compra fue rápida. En febrero se lo comenté a varios directivos y lo formalizamos de palabra. Dimos la señal en cuestión de un mes, el tiempo de que lo supiera la asamblea y lo aprobaran los socios por unanimidad. Desde marzo hasta septiembre ha sido el trabajo más duro y constante, el de negociar con las entidades financieras, donde ha tenido un importante papel nuestro gerente, Bartolomé Fernández Equina.
– ¿Considera que su solución al problema que se les presentaba será tomada como ejemplo por otras cooperativas?
– Creo que ya hay dos cooperativas del entorno más pequeñitas interesadas. El factor limitante que es las tierras nos ha llevado a tomar esta decisión y es una puerta que hemos abiertos y que otras cooperativas pueden tomar de ejemplo.
– La solución de su cooperativa al problema del territorio ha sido completamente particular. ¿Considera que las instituciones públicas deberían tomar medidas en esa situación que afecta a agricultores de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado?
– Yo creo que para eso están nuestros políticos, para trabajar sobre la riqueza de la provincia y su entorno. Se lo hemos propuesto, he hablado personalmente con el delegado de Agricultura y le he propuesto reunirnos con los cinco alcaldes y analizar pueblo por pueblo y ver las necesidades de cada uno y la situación que se queda, pero aún no hay nada en firme. Los políticos deberían pensar que hay empresas de otras regiones que están comprando fincas grandes, que quedan pocas. Si se quitan en el Condado equis hectáreas por un Plan que se ha hecho, en zonas donde la actividad económica está consolidada, y te tienes que ir, las administraciones deberían buscar soluciones. Sabemos que la economía no pasa por buen momento y el dinero es el que hay, pero también se puede recurrir a Europa. Nosotros pedimos trabajo y dentro de la legalidad, pero van lento y tienen otras prioridades.
– Los terrenos que han comprado son de regadío…
– Lo que queríamos era comprar fincas con garantías de agua. Actualmente tenemos unas limitaciones de 4.500 metros cúbicos por hectárea y año. Ahora tendremos más garantías con una Comunidad de Regantes como es la del Sur-Andévalo, que supone salvar la campaña, no la inseguridad de la zona en la que nos encontramos, donde la transferencia no ha llegado al 100% y seguimos esperando esos 15 hectómetros cúbicos de reserva.
– ¿Han mostrado ya muchos agricultores su interés por alquilar los nuevos terrenos?
– Son 140 agricultores los que componen Costa de Huelva y tanto en la asamblea primera en la que se propuso el proyecto como en la que celebramos la semana pasada para informar de la compra, la gente ha mostrado gran inquietud por irse para allá , a un sitio donde van a tener garantía de agua y mejores condiciones económicas.
– ¿Cuál será el siguiente paso?
– Ahora hay que ponerse a trabajar en las fincas, adaptar los terrenos a las condiciones de cultivo, nivelarlos, instalar tubería de riego… Este año vamos a empezar una parte de la finca y en 2017 haremos el resto para que entre 2017 y 2018 se puedan cultivar. Es un trabajo que va a costar, porque son muchas condiciones y socios y hay que buscar un equilibrio entre todos. Pero lo importante es tener la materia prima, que es tierra y el agua, el resto es trabajo.
– ¿Habrá tierra para todos?
– Pretendemos que todos los agricultores de la Cooperativa puedan tener derecho a una parcela, aunque, lógicamente, dependiendo de demanda final haremos el reparto. Tenemos 650 hectáreas de regadío que se repartirán entre los que las soliciten. El resto, hasta completar las 900 hectáreas, son tierras forestales, que dedicaremos a las instalaciones pero también a crear zonas de ocio y descanso para los socios y sus familias, como una red de senderos y merenderos. Se trata de dar también un valor a la propia finca y disfrutarla.
– ¿Qué cultivos tropicales se plantarán en estos terrenos?
– La plantación de cultivos subtropicales, como el aguacate, la chirimoya, el mango, etc. será una prueba, vamos a ver si se adapta a las condiciones del clima y el terreno. No nos olvidaremos de los frutos rojos, pero experimentaremos con cosas innovadoras como los subtropicales y otros cultivos como ya hacemos ahora en Onubafruit.
– Por otro lado, como presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y dado los últimos avances, ¿cómo se siente?
– Hemos conseguido una transferencia de agua en el Condado, se ha logrado y las concesiones de los pozos para tenerlo s regularizados y que el agua sea legal después de 40 años demandándolo. Eso son pasos importantes y por ello estamos muy contentos. El trasvase de los 4,99 hm3 de agua superficial ya está, queda la inclusión de las 200 hectáreas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); se está dando agua superficial y se han cerrado 100 pozos. Ya hay agricultores que se están beneficiando del agua superficial y cerrando los pozos. Nos queda que la Junta resuelva lo antes posible las parcelas susceptibles de riego para regularizarlas y, cuando tengamos Gobierno, trabajar el tema de los 15 hectómetros cúbicos para acabar con la problemática de los regadíos del Condado.
Muchas gracias Cristóbal.