La fracturación hidráulica, entre el beneficio económico y la amenaza medioambiental

Otra imagen de las jornadas.
Una imagen de las jornadas.
Una imagen de las jornadas.

Redacción. La Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva ha acogido hoy unas jornadas sobre “El futuro del modelo energético Español: Fractura hidráulica y energías renovables” con el objetivo de profundizar en uno de los temas claves del Derecho Público, como es la ordenación del modelo energético de nuestro país, en el marco del Derecho Europeo, así como desde la perspectiva del ordenamiento nacional, teniendo en cuenta que los recursos energéticos son un elemento fundamental de soberanía de los Estados.

Desde esta perspectiva, se ha planteado esta actividad en el marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) en el que la Universidad de Huelva participa activamente, atendiendo a la importancia de los temas ambientales y energéticos en el mismo, junto al Campus CEI-Cambio, directamente vinculado a estos aspectos.


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La jornada ha contado con la participación de grandes expertos en la ordenación de las energías, como Elisa Moreu Carbonell, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y gran conocedora de aspectos diversos del aprovechamiento de los recursos energéticos, que ha impartido la conferencia titulada “El modelo de explotación de recursos energéticos en nuestro país”. El objetivo de esta ponencia ha sido ofrecer una panorámica de la ordenación general del modelo español de aprovechamiento de recursos energéticos, a modo de introducción de las dos ponencias siguientes.

Otra imagen de las jornadas.
Otra imagen de las jornadas.

Se denomina fracking a una de las nuevas técnicas que se utilizan para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales. A grandes rasgos, el proceso del fracking consiste en la inyección a gran presión de agua, arena y diversos productos químicos en reservas subterráneas, para fracturar las rocas y liberar así gas y petróleo.


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Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, sismicidad, contaminación acústica e impactos paisajísticos, entre otros. El interés por estos recursos naturales se encuadra en un contexto de crisis energética y económica que vivimos. Una coyuntura que viene marcada por la preocupación de los estados ante la dependencia externa de las fuentes de energía, la búsqueda de fuentes alternativas y el agotamiento de las reservas tradicionales, tanto en EEUU como en Europa.

Moreu Carbonell ha analizado a lo largo de su intervención la legislación que ampara a esta tecnología y ha explicado que en la Unión Europea “existe un marco jurídico fragmentado que añade a este contexto el riesgo de que los diferentes intereses de los países miembros generen desigualdades”.

En el caso de España, ha apuntado, no existe un marco jurídico propio que regule esta técnica y, de hecho, nuestro país representa a nivel interno las controversias que el fracking plantea también a nivel internacional: “por un lado, los defensores de su expansión como vía para conseguir la autosuficiencia energética y, por otro, sus detractores por razones ambientales y donde el Gobierno estatal juega el papel de defensor de esta oportunidad de futuro frente a algunas comunidades autónomas beligerantes, secundadas por muchos ayuntamientos en su resistencia”. En la pugna legal, el Tribunal Constitucional considera que las comunidades autónomas no tienen competencia suficiente para prohibir el fracking en sus territorios de manera absoluta y que esta decisión corresponde al Gobierno estatal en función de sus competencias sobre ordenación de la economía y en materia minera y ambiental.

Por su parte, Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y José Francisco Alenza García, profesor acreditado a Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra, han planteado propuestas alternativas al agotamiento de los recursos energéticos tradicionales, abordando, de forma monográfica, las posibilidades de la fractura hidráulica y las energías renovables.

Por último, la jornada ha concluido con una mesa redonda que ha dado cabida a consideraciones científicas, de la mano de Francisco Alonso Chávez, profesor de Geología de la Universidad de Huelva, junto a planteamientos de Derecho Comparado de la mano de expertos ambientalistas, en relación con la alternativa polémica de la fractura hidráulica. En este sentido, en la mesa han participado los profesores Jesús Jordano Fraga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y Antonio Sánchez Sáez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, junto a los profesores Juan Diego Sández Aranda y Manuela Mora Ruiz, de la Universidad de Huelva.

Esta actividad se enmarca también dentro de las actividades del Grupo de Investigación de la Universidad de Huelva Derecho Público y Gobernanza, dirigido por Rosa Giles Carnero, profesora de Derecho Internacional Público y el Proyecto de Investigación Recursos Naturales y Energía (DER2013-48329-C2-1-P) de la Universidad de Sevilla, dirigido por las profesoras Giles Carnero y Mora Ruiz, junto al profesor Sánchez Sáez.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el coordinador de CEIMAR, Juan Campos y las profesoras Giles Carnero y Mora Ruiz.

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