Redacción. El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha aprobado en pleno adherirse al convenio tripartito firmado esta misma semana entre la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para luchar contra las ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Gracias a la decisión del Consistorio bartolino, que se hizo efectiva en la sesión plenaria celebrada este 3 de marzo, sólo dos días después de la firma del convenio, los servicios sociales municipales podrán tener acceso rápido a la información sobre la población de la localidad susceptible de sufrir una ejecución hipotecaria o desahucio, a partir de lo cual se pueden tomar una serie de medidas para evitar el desalojo de una familia.
En concreto, tal y como se recoge en el convenio tripartito, con el que Andalucía ha sido pionera, cuando un juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.
Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
