Redacción. “No vamos a permitir, ni Giahsa, ni MAS, ni nuestros ayuntamientos, que nadie se vea privado de un recurso tan básico e imprescindible como el agua porque no pueda pagarla”. Con esa declaración de principios, el Director Ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, quiso resumir el paquete de medidas que la empresa pública pone en marcha desde este próximo lunes para abordar una problemática, la morosidad, que “se ha venido agravando en estos últimos años desde que aterrizó la crisis”.
Es el fruto del trabajo desarrollado por la Comisión de Servicios Sociales de MAS, con cuya presidenta, Laura Pichardo, ha presentado hoy lo que en opinión de Domínguez Limón debe entenderse como “un logro, un éxito de gestión”, puesto que “la eficiencia en la gestión no puede estar reñida con la responsabilidad social”. Entre esas medidas cabe destacar la creación de la Declaración de Pobreza Energética, que permitirá paralizar el corte de suministro por deudas a aquellas familias que se encuentren en esta situación, concediendo un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo de pago acorde a sus posibilidades.
Domínguez Limón recordó que Giahsa “ya aprobó en su momento medidas sociales, tarifas especiales y bonificaciones para familias en situación de precariedad”, unas ayudas a las que en estos momentos ya hay acogidas más de dos mil familias. En esta línea, quiso subrayar que de nuevo “y lo digo con orgullo y altura de miras, esta empresa pública vuelve a ser pionera en regular un procedimiento específico contra la pobreza energética y en crear una Comisión de Servicios Sociales”, de la que forman parte alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y técnicos y responsables de área de Giahsa.
Medidas realistas y de consenso. Lejos de condonar las deudas, ya que “eso sería repercutirlas sobre el resto de los ciudadanos”, la idea de Giahsa nace de “compartir un esfuerzo común para encontrar soluciones que nos permitan mantener el suministro de agua a quienes están siendo castigados con mayor dureza”. “Es nuestro modelo público –garantizó– el que puede plantear proyectos, medidas y soluciones de esta índole, y nos traicionaríamos si consentimos, como se hace desde otros modelos de gestión, que a una familia le retiren la custodia de sus hijos porque no puedan disponer de un servicio tan elemental como es el agua”.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales y Vicepresidenta de MAS, Laura Pichardo, se centró en el instrumento “que hoy presentamos ante la sociedad onubense, la Declaración de Pobreza Energética, cuya finalidad es paralizar el proceso de corte de suministro por impago”. Esta Declaración, tal como explicó Pichardo, supone del mismo modo la posibilidad de “acogerse a las ayudas y bonificaciones que puedan existir en cada momento para hacer frente al recibo mensual del agua y, además, iniciar un proceso de estudio para acordar entre Giahsa y el abonado la forma y los plazos que le permitan hacer frente a su deuda”.
Pichardo definió el proceso puesto en marcha por Giahsa como “novedoso” aunque advirtió que “requiere de mucho trabajo de todas las partes. Es cierto que también hacen falta recursos, por ello –anunció– estamos estudiando nuevas medidas de apoyo para la implantación de ayudas que se complementen, por ejemplo, con los programas de mínimos vitales que ofrece la Junta de Andalucía y que están suponiendo una auténtica tabla de salvación en muchos casos”.
Requisitos y tramitación. Los requisitos para solicitar esta medida pasan por ser titular del contrato en la vivienda habitual donde existe la situación de deuda, así como que los ingresos familiares sean inferiores al IPREM, es decir a 532 euros mensuales, con distintas modulaciones como el número de miembros de la vivienda o situaciones de dependencia.
Ante un aviso de corte de suministro por deuda, estos usuarios deberán acudir a los servicios sociales de su Ayuntamiento, que emitirán un informe para que Giahsa pueda declarar el caso como de Pobreza Energética. En ese momento, el corte quedará paralizado durante dos meses, tiempo del que los afectados disponen para solucionar los trámites administrativos y llegar a un acuerdo con Giahsa que les permita afrontar el pago de su deuda de una forma acorde a sus posibilidades, incluyendo la aplicación de ayudas sociales por parte de las distintas administraciones y de la propia empresa.
