Redacción. Representantes del sector agroalimentario de Huelva, tras conocer en profundidad la actividad que ha venido realizando, desde la nueva ley del 2014 que controla ‘La cadena alimentaria’, la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mostraron su sorpresa, pero también satisfacción, porque con los datos aportados por el director general de la misma, Miguel Herrero Velasco, supone un cambio importante en las reglas de juego por la que se venían manteniendo las relaciones comerciales entre productores y compradores.
Desde su creación y posterior desarrollo normativo de la ley del 2014, que regula la ‘Cadena Alimentaria’, se han investigado a 660 empresas del sector, que ha supuesto la apertura de 140 expedientes sancionadores con 38 propuestas concretas de sanción, bien porque no existía una relación contractual de los compradores con los productores o también por haberse sobrepasado en más de 30 días el pago de la producción vendida. Estos datos, que son la primera vez que llegaban al sector agroalimentario de Huelva ,se han podido conocer de primera mano, por boca del responsable de la aplicación de la Ley de la ‘Cadena Alimentaria de 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el transcurso de unas jornadas específicas que sobre este tema, de poca divulgación todavía entre los distintos interlocutores del ámbito agroalimentario, han organizado Caja Rural del Sur y el Despacho de Garrigues, quien por boca de sus máximos representantes, José Luis García Palacios como Alvaro Silva, respectivamente, dieron la bienvenida a los asistentes y también cerraron las sesiones de trabajo reconociendo, en especial el presidente de Caja Rural del Sur, que el marco, el campo de juego, donde se establecen relaciones entre productores y compradores, viene a defender a quienes hasta ahora han sido la más parte más débil, que son los que trabajan sus productos día a día, de sol a sol.
Los asistentes a las Jornadas también ha podido conocer que la tarea de investigación se puede iniciar por la Agencia, bien por una denuncia hecha por persona física o jurídica, o también de oficio. De hecho el director general del Ministerio informó que sus primeras inspecciones y de control activo fueron a las producciones de frutas y hortalizas, luego le siguió la carne de pollo, aceite y leche. Y hace unos meses, coincidiendo con la vendimia, a los vinos. También informó que de los escalafones de la cadena alimentaria las 660 empresas investigadas eran en un 75% de la distribución mayorista y el otro 25% restante a la distribución minorista. Y que en realidad, del total investigado se han abierto expedientes sancionadores, por lo tanto que pueden estar incumpliendo con la ley, un 20% aproximadamente. Las sanciones, destacó el director general de la Agencia, son de cantidades importantes, pues desde la leve, que suponen 3.000 euros, menos grave, 100.00 euros, y muy grave, 1.000.000 de euros, hay que tener en cuenta que cada infracción, bien por la no existencia de contrato de venta o bien por el retraso en el plazo de pago a 30 días, se abre una propuesta de sanción. Y si son varios los denunciantes, y queda acreditado, la multa será también una por cada uno de ellos. Lo cual puede llevar a sanciones relevantes y es hora de que el sector agroalimentario tenga esta ley para la regulación de una actividad, que al contrario de otras muchas actividades productivas, mantenía una sistemática histórica en la que sólo una parte era la beneficiada. La Agencia permite, y así lo reconocían distintos intervinientes del sector agroalimentario de la provincia, que por primera vez exista un árbitro neutral y una normativa que cumplir y que establece un mismo plano de igualad para productores y compradores. Lo único que solicitó el representante del Ministerio fue que las denuncias se puede hacer por cualquier productor, explotación agraria o cooperativa en cuanto considere que la venta no está regulada, documentada, tal y como establece le ley de la ‘Cadena Alimentaria’.
Con anterioridad a la intervención del director general responsable de Agencia se explico por José Ramón Tenor y Guillermo Zamora, miembros del despacho Garrigues, la ponencia ‘Adaptación de las empresas a la ley de la cadena agroalimentaria: aspectos prácticos y problemas en contratación’ que vino a complementar la amplia información recibida de la aplicación de la nueva ley que regula la ‘Cadena Alimentaria’ y que ha supuesto un fuerte respaldo a la actividad de los productores, que antes se sentían indefensos en las relaciones comerciales de la compraventa.
