Amnistía Internacional presenta en Huelva el informe ‘Derechos desalojados’

Imagen de la mesa redonda.
Imagen de la mesa redonda.
Imagen de la mesa redonda.

Redacción. La Casa Colón de Huelva acogía en la tarde de este jueves 22 de octubre una mesa redonda en la que el grupo de Huelva de Amnistía Internacional ha presentado el Informe “Derechos Desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España”, donde se hace un repaso de la situación de este derecho en España y se resumen datos concretos sobre la situación de los desalojos y sobre la incidencia de las actuaciones de las administraciones públicas.

En la mesa redonda han intervenido también la plataforma “Stop Deshaucios”, la “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía”, la Concejala de Vivienda de Huelva, Esther Cumbreras, y portavoces de todos lo grupos políticos representados en el ayuntamiento, a excepción de Mesa de la Ría, por problemas personales de última hora de su ponente.


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Tras un animado debate entre los participantes, y contando con muchas aportaciones y preguntas de los asistentes al acto, los grupos municipales han refrendado su compromiso en la defensa del derecho a la vivienda y en la solución del problema de los desahucios, como elemento fundamental de derechos de los ciudadanos por encima de la ideología y los programas políticos.

En ese sentido, el compromiso desde la Concejalía de vivienda, apoyado por el resto de grupos parlamentarios, se puede resumir en cinco puntos esenciales: 1.-No habrá desalojos de viviendas de propiedad municipal. 2.-El ayuntamiento creará una asesoría para informar y defender a las víctimas o las posibles víctimas de desalojos. 3.- El ayuntamiento mediará con los bancos de la ciudad para que se acojan a las llamadas “Buenas Prácticas” y se impida así el desalojo de familias onubenses de sus viviendas habituales. 4.- La creación de una Comisión de la Vivienda, en la que participarán las asociaciones anti-desaucios, para estudiar soluciones al problema de la vivienda. 5.-Se utilizarán las viviendas propiedad municipal para alquileres sociales, procurando aumentar, en la medida de las posibilidades financieras del ayuntamiento, el parque de viviendas existente.


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