Redacción. El objeto de las reuniones es reclamar protección al sector en asuntos relacionados con el retraso en el pago por parte de las administraciones, valorar a nuestras empresas positivamente en la adjudicación de contrataciones y evitar que los pliegos de contratación y concursos públicos vayan por debajo de los costes contenidos en el convenio colectivo.
El sector considera que la deuda acumulada por parte de ciertas Administraciones está acarreando efectos perjudiciales en la economía de empresas y sus empleados al estar soportando deudas por encima de los 30 días a los que obliga la ley a abonar los servicios contratados. En este sentido, el sector está dispuesto a hacer cumplir tal exigencia, aunque por parte de la Administración de Estado se está cumpliendo con ello y se ha comprometido el propio subdelegado a que las instituciones que estén bajo su responsabilidad sigan en esa línea.
De otro lado, un asunto que igualmente preocupa es valorar positivamente en los pliegos de concursos o licitaciones el hecho de que una empresa tenga su sede social en Huelva, por lo que de valor añadido representa esa condición a la hora de prestar un servicio. En relación precisamente con las contrataciones, se exige además que cualquier presupuesto que sea seleccionado no vaya en ningún caso por debajo del coste del convenio colectivo del sector, estando dispuestos a denunciar aquellos casos en que se produzca esta circunstancia que está siendo muy frecuente últimamente y desgraciadamente. Si una vez presentada la denuncia por parte de la Administración competente no se rectifica y se paraliza el proceso de apertura de ofertas, se procederá a la impugnación de dicho acto administrativo.
Empresarios y sindicatos confían en que el apoyo recibido del Subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez, sea igualmente respaldado por los máximos representantes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva con quienes se reunirán próximamente.
