Redacción. Mediante Diligencia de 16 de junio de 2015, la Audiencia Nacional ha comunicado a la Mesa de la Ría la admisión a trámite del recurso planteado contra la decisión del Ministerio de aprobar el plan de enterrado de los fosfoyesos presentado por Fertiberia. En dicha comunicación, se da por admitido además otro recurso presentado contra el mismo acuerdo por la organización ecologista WWF Adena.
La oposición planteada por la Mesa de la Ría se basa en cuatro aspectos fundamentales: por un lado, considera que el plan de Fertiberia de tapado de las balsas no restaura la legalidad vulnerada, puesto que no devuelve la marisma a su estado original, sino que, por el contrario, perpetúa el daño causado, ya que su propósito es dejar los vertidos declarados ilegales en el mismo lugar donde fueron depositados indebidamente.
Por otro lado, se basa en el hecho de que la actual ministra de Medio Ambiente, a quien en última instancia le correspondió tomar la decisión, no era imparcial en esta cuestión, pues fue directiva de la empresa Fertiberia desde el año 2004 al 2012, con lo que, según Mesa de la Ría, no quedaba garantizada la correspondiente imparcialidad a la hora de tomar decisiones necesaria en todo servidor público.
Además, se pone en conocimiento de la Audiencia Nacional que el Ministerio contaba con dos proyectos de restauración alternativos, presentados por la Mesa de la Ría a requerimiento del propio Ministerio, y que ambos contemplaban la devolución de la marisma dañada a su estado original. Dichos planes ni siquiera fueron tenidos en cuenta para su análisis por el Ministerio, a pesar de contar con los avales de la Empresa Pública Egmasa así como por el departamento de Geología de la Universidad de Huelva, destaca la formación política.
Por último, la Mesa de la Ría ha planteado que el estudio necesario sobre la estabilidad de las balsas en casos de terremotos y maremotos no podía ser encargado a la propia empresa condenada, tal y como así se hizo por el Ministerio, sino a algún otro organismo independiente como pueden ser el Instituto Geológico Minero (IGME) o la propia Universidad de Huelva. Mesa de la Ría asegura que es inadmisible que un estudio de tal trascendencia, pues de su contenido podría depender la puesta en marcha del proyecto, sea encargado a la empresa condenada en lugar de hacerlo a algún organismo público que garantice la imparcialidad de su contenido y conclusiones.
Como hecho novedoso, resalta que la Junta de Andalucía se ha personado ante la Audiencia Nacional a los únicos efectos de alegar su falta de competencia para emitir la necesaria declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y como se le requería por parte de la Audiencia. La Mesa de la Ría ha lamentado que «no aprovechara esta oportunidad para pronunciarse además sobre la no idoneidad de dicho Plan a los efectos de restaurar el medio ambiente dañado».
